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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español
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Lo cierto es que el Gobierno de coalición ya ha incrementado dos veces en tres años los gravámenes sobre las rentas del capital
Pedro Sánchez dio ayer el pistoletazo de salida al nuevo curso político y económico, que se preludia uno de los más difíciles e inciertos de los últimos años.
Lo hizo en el Instituto Cervantes ante un centenar y medio de representantes sociales de diversos ámbitos y arropado por la plana mayor de su Gobierno, con la excepción de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que a esas horas comparecía en el Senado para informar del pacto fiscal alcanzado en Cataluña.
Sonriente y entre aplausos, Sánchez arrancó su intervención reivindicando la gestión de su Gobierno en los últimos años y arremetiendo contra los ejecutivos del PP, a los que culpó de la corrupción, de la quiebra territorial, de los recortes del Estado del Bienestar y de prácticamente todos los males que padece el país, soslayando, aunque él mismo lo recordó, que ya lleva seis años al frente del Ejecutivo.
"Hoy hay un Gobierno limpio que nació hace seis años como respuesta a la corrupción", afirmó Sánchez.
El presidente del Gobierno, cuyo discurso estuvo salpicado en todo momento de críticas a la oposición y, en especial al modelo de baja fiscalidad de Madrid, aseguró que "vamos a trabajar por la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que lleven la marca, el sello de este Gobierno progresista", anticipando que en esas Cuentas, cuya mayoría parlamentaria para salir adelante está hoy en el aire, profundizarán en una "fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes más tienen".
Sánchez, que anunció que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará de nuevo el techo de gasto, paso previo a la confección de los Presupuestos y que Junts tumbó antes del verano, advirtió de que se va a poner coto a los privilegios de los que se benefician "ciertas élites": "Vamos a gravar fiscalmente a quienes tienen en el banco dinero suficiente para vivir cien vidas".
En sus palabras subyace la amenaza de una ofensiva fiscal en toda regla contra los altos patrimonios, a pesar de que aseguró que "lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto".
Aunque no entró en detalles, lo cierto es que el Gobierno de coalición ya ha elevado dos veces en tres años los gravámenes sobre las rentas del capital. En la actualidad, las ganancias de hasta US$6,638 se gravan a 19%; entre esa cifra y US$55.317, a 21%; las rentas de hasta US$221.268 a 23%; entre US$221.268 y US$331.902 el tipo aplicable es de 27%, mientras que a partir de US$331.902 sube a 28%. Este máximo se sitúa muy por encima del promedio de la UE, donde es de 18,6%.
Sin embargo, Sumar, el socio de coalición del Gobierno, es partidario de elevar aún más la presión fiscal sobre las ganancias de capital acercándola a la de las rentas del trabajo (Irpf) y así se lo propuso al Psoe meses atrás cuando ambas formaciones abordaron el diseño de los Presupuestos para 2025.
En defensa de su política de impuestos cada vez más altos para financiar su creciente gasto social, Sánchez situó a Madrid en el epicentro de sus ataques.
"De cada US$11 que el Gobierno ha dado a Madrid, han usado US$3,3 para hacer regalos fiscales a los más ricos", afirmó el presidente del Gobierno, quien reprochó que algunas Ccaa, en alusión a las gobernadas por el PP, denuncien que no se les da "los suficientes recursos públicos" cuando su Gobierno "habrá transferido a las comunidades un total de US$103.4428 millones, 32% más de lo que transfirió la Administración del PP en el mismo tiempo cuando le correspondió gobernar".
Además de la reforma de la financiación autonómica, entre las grandes líneas en las que Sánchez basará su acción política en el nuevo curso resalta la vivienda, que el presidente quiere que sea el tema nuclear de la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que se celebrará en Cantabria, anticipando nuevas medidas para "ampliar el parque público de vivienda, perseguir la especulación, fijar un mejor equilibrio entre la actividad turística y el bienestar de los residentes, y lograr que la vivienda sea un derecho de todos y no el negocio de unos pocos".
Sánchez, que avisó de que su Gobierno va "para largo", con tres años aún de legislatura, defendió su gira por África y su apuesta por los acuerdos de migración circular para hacer frente a la crisis migratoria que sufre el país, rechazando las "deportaciones masivas de otros" y enarbolando la bandera de "una política que respete el derecho internacional humanitario".
Además, aseguró que su Gobierno pondrá el acento en la "mejora de la competitividad" (anunció US$3.429 millones en inversiones para "continuar con la reindustrialización de nuestro país") y dejó claro que su Gobierno reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales para que "los españoles puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar".
El controvertido pacto fiscal sellado por los socialistas con ERC a cambio de investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat de Cataluña y que amenaza con poner patas arriba todo el sistema de financiación autonómica, es, sin duda, la mayor papa caliente que el Gobierno tiene sobre la mesa en el arranque de este nuevo curso político.
No solo ha provocado el rechazo frontal de la oposición, que promete a Sánchez un otoño muy caliente con este asunto, sino que el malestar se ha extendido también entre los propios dirigentes territoriales del Psoe, además de generar dudas, recelos y suspicacias entre muchos de los aliados parlamentarios del Ejecutivo.
Sánchez no rehuyó ayer este asunto, pero no lo hizo para dar detalles ni explicaciones, sino para intentar acallar las críticas y templar los ánimos comprometiéndose a dar "más recursos" al resto de Ccaa. "Les garantizo, me comprometo, a que con la reforma del sistema de financiación autonómica todas las comunidades recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el PP".
Sin entrar en detalles ni explicar cómo, el jefe del Ejecutivo aseguró que "vamos a impulsar la creación un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades y que garantice la suficiencia del gasto público y exija la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos".
En el marco de su nuevo discurso de tintes federalistas, Sánchez defendió que "la descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios".
Sin asomo de autocrítica, aseguró que mientras que su Gobierno cumple, las autonomías gobernadas por la derecha no han dedicado los recursos de la financiación autonómica a los ciudadanos, "sino a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos vínculos familiares, y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba".
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