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El ministro Kulfas dejó entrever que el acuerdo bilateral es imposible sin romper "la regla del consenso". Preocupación por su impacto en la industria local
Tras horas de hermetismo y análisis, el Gobierno respondió con dureza a la pretensión del Uruguay de avanzar con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, que desde la perspectiva oficial implicaría romper con el marco institucional del Mercosur y provocar un cisma en la unión aduanera que hoy comparten ambos Estados, junto con Brasil y Paraguay.
El martes por la noche, el presidente de la Banda Oriental, Luis Lacalle Pou, anunció en conferencia de prensa que Montevideo había recibido "una respuesta formal y por carta del gobierno chino, aceptando avanzar en un TLC". Adelantó, además, que en breve "comenzarán los estudios de factibilidad" para proseguir hacia la eventual firma en un plazo que no demorará menos de un año.
Este miércoles, a la salida del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, respondió ante los periodistas acreditados presentes en la Casa Rosada dando a entender que el avance de una negociación es interpretado en Buenos Aires como una ruptura institucional.
"Uruguay es soberano, y puede hacer un acuerdo bilateral con China por afuera del Mercosur, o puede seguir dentro del bloque. La normativa es muy clara: los acuerdos se hacen en bloque, y no de modo bilateral", sentenció el ministro encargado de llevar el pulso de la economía real.
Kulfas precisó que el Gobierno está "observando lo que se hace", y reiteró que la Argentina "está de acuerdo en general con algunos esquemas de tratados, pero que deben hacerse con cuidado porque estos acuerdos provocan impacto". Y zanjó el tema diciendo: "Estamos abiertos a conversar, pero el marco del Mercosur se rige por la regla del consenso, que negocia en bloque, no de modo individual".
La decisión uruguaya fue notificada al canciller Felipe Solá por su homólogo uruguayo, Francisco Bustillo, cinco minutos antes de la conferencia de prensa que diera Lacalle Pou. Solá mantuvo conversaciones con el presidente, Alberto Fernández, para ponerlo al corriente de lo sucedido y trazar una estrategia de "contención de daños".
En la pasa cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, Lacalle había advertido su intención, a lo que Fernández había respondido con una batería de argumentos que contradecían la conveniencia del planteo oriental. Posteriormente, Fernández hizo llamar al embajador en Uruguay, Alberto Iribarne, para tratar el tema.
La disputa sobre el rumbo de "modernización" que Uruguay quiere imprimirle al bloque económico que lleva 30 años de vigencia es respaldada por Brasil, quien criticó la "regla del consenso" del bloque y fustigó "las visiones arcaicas" del Gobierno argentino.
Desde la óptica local, un TLC con China pondría en jaque a la industria e implicaría un virtual desmoronamiento de los aranceles que hoy impiden el ingreso de mercaderías procedentes de China. Tal "perforación" podría fácilmente provocar un flujo de mercancías que, trianguladas, pasaran de Uruguay a la Argentina y así pervirtieran el esquema comercial vigente.
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