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La SBS enfatizó el cambio de tendencia registrado por la cartera de alto riesgo, que comprende a los clientes en morosidad y a aquellos que refinanciaron su créditos por problemas en la capacidad de pago
De un universo de 7.000 empresas corporativas y grandes, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP compiló información para medir un indicador clave
La lenta actividad económica en los últimos años tiene correlato en la capacidad de pago de las personas y empresas.
De un universo de 7.000 empresas corporativas y grandes, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) compiló información para medir un indicador clave: la capacidad de las empresas de atender sus obligaciones de corto plazo con sus utilidades operativas (ganancias inherentes a su propio negocio).
El denominado índice de cobertura de gastos financieros, para ese conjunto de firmas, se ubicaba en el 2022 en 3.02 veces, pero al cierre del año pasado se redujo a 2.93.
“La capacidad de pago en el corto plazo se deterioró ligeramente en el 2023, en un contexto de menor dinamismo económico”, resume el supervisor en torno a los últimos datos recopilados del ámbito empresarial.
Los mayores deterioros del referido índice, de un año a otro, se observan en las compañías de los sectores manufactura (de 2.7 a 2.2 veces la utilidad operativa respecto de sus gastos financieros), electricidad y agua (2.8 a 2.2), y comercio (3% a 2.5%).
Pero si se compara con la prepandemia, el descenso de la capacidad de pago es más severo en la minería e hidrocarburos (de 8.3 a 3.6), agro (de 4.6 a 2.4) y servicios (4.5 a 3.6).
La dimensión de la deuda de estas empresas, que facturan más de S/ 20 millones al año, es apreciable al totalizar S/ 235,000 millones o un 23% del Producto Bruto Interno (PBI), dijo Renato Ravina, jefe del departamento de investigación económica de la SBS.
La mayor parte de estas obligaciones, originadas en créditos con bancos locales y extranjeros, así como las que se contraen mediante las emisiones de bonos en los mercados de capitales, son atribuibles a las grandes empresas, acotó.
Pese a los decrementos del índice, Ravina sostuvo que se trata de una “pequeña caída” el año pasado y precisó que aún no se acerca al umbral de riesgo (nivel de 1 en el mencionado indicador). Este último acontece cuando las utilidades de las compañías no alcanzan para cubrir los gastos financieros, agregó.
En el escenario base de la SBS, los incumplimientos del pago de deuda en las corporaciones y grandes empresas solo mostrarían ligeros descensos a junio del 2025, mientras que en las micro y pequeñas empresas aún seguirían al alza.
En medio de la cautela de bancos y deudores, todos los tipos de crédito crecen hoy a menor ritmo que en la prepandemia, salvo en los hipotecarios. Los mayoristas –grandes empresas y corporaciones– apenas avanzan a tasa anual de 0.3%, en tanto que los destinados a mypes y a consumo se contraen casi 5%, detalló la superintendente adjunta de banca y microfinanzas (a.i) de la SBS, Patricia Salas.
Este comportamiento obedece al contexto macroeconómico, el periodo de altas tasas de interés e inflación y a un mayor nivel de castigo de créditos por parte de las entidades financieras, detalló.
Sin embargo, Salas enfatizó el cambio de tendencia registrado por la cartera de alto riesgo, que comprende a los clientes en morosidad y a aquellos que refinanciaron su créditos por problemas en la capacidad de pago.
“A agosto, se nota un quiebre en esta cartera y si miramos el dato a octubre se corrobora que está yendo hacia abajo. Aunque, todos los indicadores todavía se sostienen por encima de prepandemia”, indicó. Gestión ya había adelantado que la mora en el sistema financiero toco un punto de inflexión en el tercer trimestre.
Si bien se observa una estabilidad en la cartera hipotecaria, aún se ve un elevado riesgo en la cartera mype y de consumo, añadió la funcionaria. Además, refirió que los nuevos datos de cosechas de crédito muestran un superior comportamiento (con menos impagos) que en años previos.
Las carteras de préstamos originados en el 2023 son mejores que las del periodo anterior y se espera que este indicador siga avanzando, especialmente para el segmento mype y de consumo en la medida en que se reduzca el riesgo, agregó.
En cuanto a las provisiones por riesgo de incumplimiento de los préstamos, Salas puntualizó que el sistema financiero mantiene un colchón voluntario –por encima de los que exige la norma– de S/ 3,958 millones a agosto, aunque esta cifra se ha ido reduciendo por la materialización del riesgo.
Además, el conjunto de entidades financieras reporta un colchón de capital de S/ 39,380 millones para afrontar pérdidas no esperadas, lo que representa el 45.3% del capital total, dijo.
“Pese a diversos choques negativos, el segmento de microfinancieras también continúa sólido, con un índice de capital global de 16% a agosto, muy adecuado y cercano al del sistema financiero (16.7%)”, resaltó.
En ambos casos, mencionó que se supera ampliamente el nivel mínimo requerido por el regulador, que desde setiembre es de 9.5%. Respecto de la rentabilidad patrimonial (ROE), Salas señaló que se ubicó en 12.3% a agosto, sin embargo, al cierre de octubre registró una mejoría (13.5%).
Con este panorama, el sistema financiero generó utilidades por encima de los S/ 9,000 millones pese a un menor margen que obedece al mayor gasto financiero y de provisiones, explicó. El apalancamiento también disminuyó debido al pago y honramiento de garantías de los créditos de programas de gobierno, complementó.
La especialista manifestó que el resurgimiento de conflictos sociales, la agudización de la inestabilidad política y el deterioro del entorno internacional implican riesgos importantes para la economía y el sistema financiero. “(Pero) Incluso bajo escenarios de estrés, el sistema financiero peruano mantendría adecuados niveles de solvencia”, destacó.
En el marco de la consultoría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fortalecer norma de ciberseguridad, Salas anunció que ya se cuenta con un informe preliminar.
“Se está recomendando la actualización del reglamento de ciberseguridad que pensamos hacerlo en dos etapas: modificaciones que deban implementarse rápidamente, en el primer trimestre del 2025, y una revisión más completa de largo plazo”, indicó.
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