MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Reuters adelantó el 4 de octubre que el Gobierno mexicano esperaba recibir los fondos y estudiaba emitir otro
México recibirá un pago de US$150 millones por la activación de un bono catastrófico tras el sismo magnitud 8.1 que golpeó al sur del país el 7 de septiembre, dijo el martes la secretaría de Hacienda.
"La agencia verificadora precisó que se cumplieron los parámetros de localización (epicentro), profundidad e intensidad del terremoto suficientes para detonar el pago por US$150 millones, que representa el 100% del bono", dijo en un comunicado.
Reuters adelantó el 4 de octubre que el Gobierno mexicano esperaba recibir los fondos y estudiaba emitir otro, aunque sin precisar montos.
Tras el sismo que dejó 98 muertos, la secretaría de Hacienda inició el protocolo correspondiente para solicitar la activación del bono, cuyos parámetros definitivos a efectos de la ejecución son verificados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), conforme el contrato.
El bono catastrófico fue renovado como mecanismo de transferencia de riesgos el 4 de agosto y brinda protección al patrimonio del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante 3 años.
El papel otorga una cobertura de hasta US$150 millones para sismos, así como de US$100 y US$110 millones para huracanes que impacten las costas del Océano Atlántico y Pacífico respectivamente, según el comunicado oficial.
"Además de los recursos provenientes del Bono Catastrófico, el Fonden cuenta con recursos presupuestarios disponibles que ascienden a 8,243 millones de pesos, así como con un seguro adicional de exceso de pérdidas de $5.000 millones de pesos mexicanos", dijo la secretaría de Hacienda.
Se necesitan US$58.000 millones en gasoductos nuevos o más modernizados, plantas de procesamiento y terminales de exportación
La empresa obtuvo una utilidad neta de US$131 millones en el trimestre, mientras que los ingresos cayeron 41% interanual
La norma derogada establecía que todas las jurisdicciones del servicio público debían contratar vuelos por Optar, la agencia mayorista de la línea de bandera