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El Senado posiblemente sometería el proyecto a votación durante la mañana, dijo Delcídio Amaral, líder del oficialista Partido de los Trabajadores en la Cámara alta.
La votación podría postergarse o aplazarse si el Senado no completa antes las votaciones de dos decretos presidenciales provisionales, agregó Amaral. Bajo las leyes del Congreso brasileño, los decretos provisionales deben ser aprobados o rechazados antes de que se someta a votación un proyecto de ley ordinario.
La medida busca atraer nueva inversión a la región subsal, generar una mayor producción y aumentar el flujo de regalías a las arcas de Brasil.
La región subsal es una zona costa afuera cerca de Río de Janeiro y Sao Paulo donde se estima que hay entre 50.000 y 100.000 millones de barriles de petróleo y gas natural atrapados bajo el lecho marino y una capa de sales minerales. Eso es suficiente para satisfacer todas las necesidades de Estados Unidos entre 7 y 14 años.
Petroleo Brasileiro SA, como es formalmente conocida Petrobras, ha dicho que sus debilitadas finanzas y más de US$120.000 millones en deuda, la mayor de cualquier petrolera en el mundo, hacen imposible que pueda cumplir con las exigencias legales de que financie al menos un 30% de cualquier desarrollo subsal.
El proyecto de ley también pone fin a la exigencia de que Petrobras sirva como el único operador de cualquier grupo de inversión en la región subsal.
Como los operadores tienen la decisión final sobre muchas decisiones de contratos y tiempos, pocas compañías querrían pagar los enormes costos necesarios para desarrollar los recursos sin un mayor poder en las operaciones, dicen los partidarios del proyecto de ley.
A pesar de que muchos miembros del Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff se oponen a la medida, debido a que ven las exigencias de participación de Petrobras en la región subsal como una defensa patriótica de la soberanía del petróleo nacional, el Gobierno ha aceptado que posiblemente perderá la batalla por evitar los cambios, informó Reuters la semana pasada.
Si el Senado aprueba el proyecto, la Cámara de Diputados deberá votarlo antes de que Rousseff lo firme para convertirlo en ley.
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