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El proyecto de ley que se presentará este lunes impediría que los barcos que utilicen el puerto, en caso de que México lo controle, descarguen o reciban reparaciones en Estados Unidos
Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses está proponiendo una legislación para presionar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que dé marcha atrás en los planes de expropiar un puerto y una cantera de piedra caliza de Vulcan Materials Co. de Alabama.
El proyecto de ley que se presentará este lunes impediría que los barcos que utilicen el puerto, en caso de que México lo controle, descarguen o reciban reparaciones en Estados Unidos o territorios como Puerto Rico o las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Una propuesta similar fue presentada por la Cámara de Representantes en mayo.
La nueva medida pretende dejar el puerto, en la costa caribeña de México, inutilizable para el transporte marítimo y los cruceros, según asesores del senador republicano Bill Hagerty, de Tennessee, autor del proyecto de ley.
“Condeno enérgicamente las amenazas de AMLO contra Vulcan”, dijo Hagerty en un comunicado, refiriéndose al presidente saliente por sus iniciales. “Ninguna nación o presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa estadounidense sin consecuencias”.
Si bien la legislación no menciona empresas o países específicos, tiene como objetivo apoyar a Vulcan en su disputa con México. Entre sus coautores se encuentran los senadores Katie Britt y Tommy Tuberville de Alabama, ambos republicanos, y el senador demócrata Tim Kaine de Virginia.
El proyecto de ley expirará al final de la actual sesión legislativa en enero. Sus partidarios probablemente tendrían que adjuntarlo a otra pieza legislativa en trámite para que sea aprobado por ambas cámaras antes de esa fecha, y están buscando oportunidades para promulgarlo.
López Obrador dijo el mes pasado que su gobierno estaba realizando todos los procesos legales necesarios para convertir las tierras que Vulcan ha poseído y desarrollado durante décadas en un área natural protegida, lo que la empresa afirma que es ilegal y equivale a una expropiación. El presidente nacionalista deja el cargo a principios de la próxima semana y será reemplazado por su protegida, Claudia Sheinbaum.
Vulcan dijo en un comunicado que la medida planeada constituye una violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos de libre comercio y podría tener un efecto paralizador sobre la inversión.
“Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y pretendemos defendernos utilizando todas las vías legales disponibles”, afirmó la empresa.
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