Telefónica planteará un "ERE" para reducir los empleados de sus tres filiales en España

La 'teleco' abandona el método del PSI que utilizó en los tres últimos planes de bajas y vuelve a los clásicos ERE, Expediente de regulación de Empleo, más favorables fiscalmente para los trabajadores. La cifra de afectados podría elevarse a unos 2.500.

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Telefónica ha desvelado finalmente a los representantes sindicales (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) el método para abordar el nuevo proceso de reducción de empleo en sus filiales en España, un proceso que adelantó Expansión el pasado 23 de octubre.

Será un ERE, en vez del plan de separación individual (PSI), que se había utilizado en las tres últimas ocasiones (2015, 2019 y 2021), según comunicó este lunes Telefónica durante la segunda reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo.

El que sea un ERE obliga a que se trate de forma separada a la mesa de negociación del convenio colectivo y de hecho supondrá la creación de tres mesas adicionales, una por cada empresa jurídica, es decir, una para Telefónica España, otra para Telefónica Móviles y otra para Telefónica Soluciones. Estas tres mesas se mantendrán en paralelo a la mesa del convenio.

La compañía no ha dado ninguna información oficial sobre el número de salidas que tiene previstas acometer en el proceso de despido colectivo, aunque fuentes del sector señalan que la cifra final que podría concretarse se situaría alrededor de los 2.500 trabajadores.

En este contexto, Telefónica ha informado a los sindicatos de que comenzará a desarrollar el proceso legal para la implementación de esta reducción de plantilla, que pasa por convocar a los comités intercentros de Telefónica de España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles, así como avisar al Ministerio de Trabajo, entre otras cuestiones.

Excedente funcional

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Fuentes sindicales han señalado que la compañía ha justificado el "excedente funcional" de trabajadores con arreglo a la modificación de los servicios de la empresa, ofreciendo cada vez servicios de más valora añadido, especialmente al segmento de Empresas; a la finalización del despliegue de fibra óptica hasta el hogar (Ftth), que ya supera los 28 millones de unidades inmobiliarias (viviendas, oficinas y locales) cubiertas con fibra; al cierre de la antigua red telefónica de cobre previsto para el mes de abril de 2024 y a la automatización de procesos.

Por eso, en esta ocasión, los criterios de selección de los empleados que abandonarían la compañía en el despido colectivo estarán más relacionados con el tipo de tareas que desempeñaban hasta el momento, que con la edad, que era el criterio fundamental para apuntarse a los tres PSI que la empresa ha puesto en marcha desde el año 2015.

El proceso de resolución del ERE tiene un plazo de un mes desde la constitución de las tres mesas de negociación. "Los detalles y la negociación corresponderán a las mesas que cada uno de los comités intercentros deberán constituir y se acomodarán a los plazos legales marcados para ello", explicó este lunes UGT en un comunicado.

Condicionado al convenio

El sindicato ya había señalado en las semanas anteriores que ligaba cualquier posible plan de bajas en España con la negociación y aprobación de un nuevo convenio colectivo, de la máxima duración posible y que se extendiera, como mínimo hasta 2026, para cubrir todo el periodo del nuevo plan estratégico de Telefónica que también finaliza ese año.

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A eso, UGT añadió que "todo ello sin menoscabo de que las personas que puedan estar afectadas por el ERE mencionado dispongan de garantías y condiciones similares a los planes de salidas anteriores".

En cuanto al nuevo convenio colectivo de empresas vinculadas -el actual es una prórroga del anterior y expira el 31 de diciembre, las negociaciones, en las que participan UGT, CCOO y Sumados-Fetico, se retomarán el próximo 30 de noviembre. UGT ha señalado que antes de acometer el ERE la empresa debe apostar por la internalización de servicios y el reskilling (formación) para darle empleabilidad a la plantilla.

El sindicato ha marcado sus "líneas rojas", entre las que destaca la estructura salarial, el régimen de garantías o la cláusula de revisión salarial que permite mantener el poder adquisitivo. También apuesta por el incremento y la mejora del teletrebajo, la deslocalización, una mejora y ampliación de los permisos y jornadas de 35 horas semanales.

Además, ha solicitado la paralizar la reorganización del servicio 1004, por el que estos 260 teleoperadores dejarán de prestar servicio de atención al cliente residencial y pasarán a hacerlo en la unidad de Empresas. También ha pedido que se paralicen los movimientos ocasionados por el cierre de 108 edificios de "baja ocupación". Se trata, en su mayor parte, de centrales telefónicas de cobre que dejan de funcionar y que se utilizaban también como oficinas.

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Telefónica ya acometió un recorte muy potente de empleo en la primera década del siglo, con la salida, entre 1999 y 2013, de 31.500 empleados en España mediante diversos ERE. De esos, el último se produjo entre 2011 y 2013 y afectó a más de 6.800 trabajadores. Pero esos ERE fueron muy criticados por el coste que suponían para el Estado. Por eso, a partir de 2016, se cambió la fórmula a los PSI con bajas voluntarias que no implicaba costes públicos.

El primero de los tres últimos PSI se pactó a finales de 2015 y se ejecutó en 2016 y 2017 y permitió la salida del grupo de unos 6.300 trabajadores, con un coste de 3.685 millones de euros (US$4.029 millones), 571.000 euros por empleado (US$624.417). Con el segundo, en 2019, salieron 2.636 empleados, con un coste medio de 603.000 euros (US$659.411) por trabajador.

El tercero, en 2021, provocó la baja de 2.982 personas con un coste medio inferior a los anteriores, de unos 463.500 euros (US$506.860). Desde 2015, la operadora de telecos ha logrado la salida de algo más de 11.900 empleados en España, con un coste de unos 7.436 millones de euros, a una media de 571.400 euros (US$624.854) por trabajador.