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La iniciativa por la que se discute busca reemplazar el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral
Cámaras empresariales en Argentina hicieron trascender en las últimas horas su fuerte preocupación por el borrador de un proyecto de ley en el que estaría trabajando el senador del Frente de Todos, Daniel Lovera, que busca incrementar el plazo de tiempo para que los trabajadores puedan hacer juicios a sus empleadores tras un despido.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA)se encontraron sorprendidos por la iniciativa legislativa que, según trascendió, modificaría los plazos de prescripción de reclamos de indemnización tras la extinción del vínculo laboral, y que tiene dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. La clave es que la iniciativa da más tiempo a empleados para hacer juicios a sus empresas después de un despido.
La iniciativa busca reemplazar el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral aumenta los plazos y distinguiendo tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para los demás.
"Deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal", alertaron en un comunicado sobre la iniciativa de Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y previsión Social.
Lovera adaptaría los plazos de las prescripciones al nuevo Código Civil y Comercial, aprobado en 2015, y así las llevaría a tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral, y a cinco para vínculos individuales o colectivos de trabajo.
Aclara además que "las acciones laborales indemnizatorias por daños derivados de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, aun cuando los mismos hubieran sido perpetrados con anterioridad a esta norma".
"El nuevo Código introdujo modificaciones sustanciales respecto de los plazos, estableciendo como una de las más significativas, un plazo genérico de cinco años y ampliando a tres años el correspondiente a los daños derivados de la responsabilidad civil", señala en sus fundamentos.
Para la UIA, la extensión de los plazos de prescripción resulta "desacertada" no solo porque "perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo", sino porque "impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo", en particular en un "contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país".
Según expresó ayer, miércoles, la Unión Industrial , la iniciativa "carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo".
Además, la entidad lamentó que "durante el trabajo de la Comisión, industriales, "en la actualidad los plazos en la práctica ya son mayores a los establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo en varias jurisdicciones, habida cuenta de las suspensiones o interrupciones dispuestas", como los seis meses de la ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, agregó, la extensión del plazo de prescripción a cinco años "impactará negativamente en los balances de la empresa, que deberán por lo menos duplicar sus previsiones o reservas contables vinculadas a los eventuales reclamos laborales del personal".
Asimismo, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que "la prescripción es una institución de orden pública creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres y poner fin a la indecisión de los derechos".
Al comparar el plazo bianual del fuero del trabajo con el plazo decenal de la ley civil, la entidad consideró que si "se entendió razonable el plazo de dos años, mucho más debería serlo ahora", al verse reducido a la mitad, pasando de 10 a 5 años en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Según la UIA, el proyecto "tensiona y contradice la tendencia actual en materia de prescripción, que busca acortarlos plazos".
"En un mundo de comunicaciones unidas, instantáneas y virtuales, se vuelve ocioso y contraproducente disponer una extensión de los plazos de prescripción por un plazo de cinco años", enfatizó
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