Tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá por subsidios a vehículos eléctricos

Desde antes de que tomara posesión como presidente de los Estados Unidos, diversos sectores advertían que la propuesta de Joe Biden, basada en las tres B, ‘Build Back Better’, podría traer más dolores de cabeza para Canadá que los generados en los cuatro años del proteccionismo de Donald Trump.

En apenas 11 meses de mandato, las medidas anunciadas por la administración demócrata parecen estar dándole la razón a quienes pronosticaban que, si bien en esta era las relaciones entre Washington y Ottawa iban a ser más cordiales, la agenda a tratar sería mucho más compleja.

La iniciativa de Biden de otorgar un subsidio hasta de US$12.500, vía beneficio tributario, a quienes compren un vehículo eléctrico fabricado en EE.UU., tiene hoy a los vecinos del norte en una tensión comercial. La propuesta, ya aprobada por la Cámara de Representantes y de la que se espera tenga igual suerte en el Senado, pondría en desventaja a los autos eléctricos canadienses, pues según explicó el gobierno de este país, es como si se estuviera imponiendo un arancel del 34% a los automotores ensamblados en Canadá.

En una carta enviada a los líderes del Senado estadounidense, el gobierno federal canadiense advirtió que el crédito fiscal propuesto viola las obligaciones de lo acordado por Estados Unidos, México y Canadá en el nuevo Nafta, conocido como USMECA. “Queremos dejar claro que, si no hay una solución satisfactoria a este asunto, Canadá defenderá sus intereses nacionales, como hicimos cuando nos enfrentamos a aranceles injustificados sobre el acero y el aluminio canadiense”, señala la misiva.

Entre esas medidas restrictivas que podría imponer Canadá, en respuesta a la medida sobre vehículos eléctricos, podría estar la suspensión de las cuotas arancelarias para productos lácteos, y el retraso de la implementación de los cambios en la normativa de derechos de autor hechos en el USMECA, y que benefician principalmente a los Estados Unidos.

La venta de carros es el segundo rubro de exportación más grande de Canadá hacia EE.UU. En 2020 los envíos a ese mercado sumaron US$40.000 millones, según la Asociación Canadiense de Fabricantes de Vehículos. La excepción propuesta por Biden le costaría al fisco de ese país cerca de US$15.600 millones durante los próximos diez años, y de esta norma se beneficiarían ampliamente los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, General Motors, Ford Motor Co. y Stellantis, matriz de Chrysler.

En un tono más conciliador que el expresado en la carta, el primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó que está dispuesto a alinear sus propios incentivos para vehículos eléctricos con los de Estados Unidos, siempre y cuando se asegure que los automóviles y camiones fabricados en Canadá sean elegibles para el esquema de crédito fiscal propuesto por Biden.

“Estamos trabajando muy duro con Estados Unidos para que comprendan que este reembolso propuesto para vehículos eléctricos solo para automóviles fabricados en Estados Unidos no es bueno, obviamente para Canadá, pero tampoco para los Estados Unidos", sostuvo Trudeau.

La idea de promover la venta de vehículos eléctricos nacionales es una jugada a dos bandas. Por un lado, busca reducir la contaminación y de esta manera contribuir a la meta de cero emisiones al 2050. Por el otro, daría oxígeno a la industria automotriz nacional, cuyos empleos en el pasado se vieron afectados por la alta producción de vehículos en el exterior, especialmente en México y Canadá.

Por ahora la voz de protesta no parece tener eco en la oficina oval, y el apoyo a la iniciativa se mantiene en firme. “El presidente abogó por estos créditos fiscales porque quiere que sea más asequible para el pueblo estadounidense comprar vehículos eléctricos, y porque siente que es una gran oportunidad para los fabricantes de automóviles", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Esta es la segunda iniciativa de Biden que afecta la agenda económica bilateral. La primera fue la orden ejecutiva que canceló la construcción del Oleoducto Keystone XL, que permitiría transportar 800.000 barriles de petróleo desde la provincia de Alberta hasta la costa del Golfo de Texas. Ambas iniciativas han tenido de fondo el tema medio ambiental.