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La autoridad electoral tendrá siete días para convocar a elecciones. El candidato que resulte electo solo estará en el cargo hasta 2025
Esta ha sido una semana ajetreada para el Gobierno ecuatoriano. El martes, inició la audiencia de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, en el que se le acusaba por una presunta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec que podría haberlo llevado a la destitución.
Y antes de que, siquiera, se hablara de este desenlace, en la mañana de ayer Lasso despertó a los ecuatorianos y al resto del mundo con la decisión de disolver por decreto la Asamblea Nacional, con lo que se tendrán que adelantar las elecciones legislativas y presidenciales.
¿Qué es la muerte cruzada? El mecanismo se introdujo a la Constitución de 2008 permite que el presidente disuelva la Asamblea Nacional (lo que en Colombia sería el Congreso) si considera que obstaculiza su capacidad para gobernar.
Dado que el presidente ya anunció la medida, la autoridad electoral contará con siete días para convocar a las elecciones legislativas y presidenciales en un plazo de seis meses. Mientras tanto, el mandatario permanecerá en el cargo y gobernará por decreto.
La Constitución, además estipula que Lasso podrá volver a postularse para la presidencia, pero no contaría como una reelección, sino como la continuidad de su mandato. En caso de que sea otro candidato el ganador, solo gobernará hasta 2025, cuando la agenda electoral vuelva a ajustarse.
“Lo que puede terminar pasando es que en estas nuevas elecciones Lasso pierda, que es lo más posible, o que gane y ahora tenga mayorías parlamentarias que es algo que no ha tenido en ningún momento del Gobierno”, comenta Fabio Enrique Pulido, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana.
Si los nuevos resultados electorales no dan a Lasso como ganador, los analistas explican que podría enfrentarse a una ‘muerte política’, sin embargo, del otro lado, se libraría del juicio político, el cual no se podría adelantar al no estar a la cabeza del Gobierno.
“Con el Artículo 148 la Constitución le concede al Presidente la facultad de la disolución y él firma este decreto de ‘muerte cruzada’ para evitar que se consoliden las mayorías en el juicio político que se adelanta en su contra en la Asamblea Nacional. Se anticipa el fin del gobierno Lasso”, comenta Johan Caldas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.
Los impactos económicos
José Gómez-González, profesor asociado de la City University de Nueva York, dice que en términos de impactos para el país, la disolución es un error. “Reduce la confianza inversionista local y extranjera directa, porque manda una señal de una institucionalidad muy pobre y arbitraria que hace que haya temores y pueda haber, incluso, una salida de capitales del país”.
Entre los efectos negativos Gómez-González indica que también podría afectarse el precio de la deuda pública, subir las tasas de interés e incluso la producción y el empleo por una posible reducción en la inversión. “No creo que la inestabilidad política vaya a tener un efecto fuerte sobre los vecinos, como es una economía muy chica”, añade el experto.
No obstante, Caldas sugiere que la situación sí podría puede entorpecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Ecuador.
¿Por qué se llegó aquí?
Camilo González, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que en la decisión no solo influyó el juicio político, sino también la conmoción interna relacionada con la lucha contra las bandas criminales en Ecuador.
“No es una medida que termine por apaciguar el inconformismo, de hecho puede aumentarlo porque ya se polariza si Lasso debe continuar o no, además de la incertidumbre”, dice.
Con el anuncio Lasso dijo que no es posible avanzar y resolver problemas con “una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno”.
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