Trump es cuestionado por violar las órdenes judiciales en deportación de venezolanos

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La administración del presidente Donald Trump está siendo acusada de desafiar al poder judicialdespués de deportar rápidamente a cientos de presuntos miembros de pandillas venezolanas en una demostración de amplio poder para aplicar políticas migratorias de línea dura.

Dos grupos que demandaron al gobierno alegaron en un expediente judicial el lunes que el gobierno podría haber violado la orden de un juez federal que suspendía las expulsiones. El juez fijó una audiencia para el lunes por la tarde, donde ordenó a los abogados del gobierno que presentaran respuestas. La Casa Blanca afirmó que sus deportaciones no violaron ninguna orden judicial.

El enfrentamiento legal, que en última instancia podría llegar a la Corte Suprema, emergió rápidamente como una prueba de la capacidad del poder judicial para actuar como control de la agenda de Trump.

Un tribunal federal de apelaciones se dispone a determinar si Trump se extralimitó en sus facultades presidenciales al ampararse en una ley que anteriormente solo se había aplicado cuando el país estaba en guerra. Los documentos del caso deben presentarse el martes.

El drama comenzó cuando cinco venezolanos presentaron una demanda la madrugada del sábado, anticipando que Trump invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para atacar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Trump había firmado una proclamación presidencial para poner en vigor la ley el viernes, pero no la publicó hasta la tarde del sábado.

Orden del juez

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En respuesta, el juez federal de distrito James Boasberg, presidente del tribunal en Washington, emitió una orden para detener temporalmente la deportación de los cinco venezolanos. Por la tarde, suspendió el uso de la ley para deportar a los presuntos miembros del Tren de Aragua. Pero para entonces, los aviones ya habían despegado.

Boasberg también ordenó verbalmente que los vuelos regresaran, según la transcripción. Sus comentarios se produjeron entre las 18:45 y las 18:48, según informaron la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) y Democracy Forward en documentos judiciales presentados el lunes por la mañana.

“Cualquier avión que lleve a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire, debe ser devuelto a Estados Unidos”, dijo Boasberg. “Sea cual sea la forma de lograrlo, ya sea dar la vuelta al avión o no embarcar a nadie en el avión, ni a las personas afectadas por esto, lo dejo en sus manos. Pero es algo que deben asegurarse de que se cumpla de inmediato”.

Tras ordenar a los aviones que regresaran, el juez dijo que “si los aviones ya aterrizaron y descargaron a sus ocupantes”, entonces “no tengo jurisdicción para exigir su regreso”.

La orden escrita del juez, que apareció en el expediente público a las 7:26 p.m., no mencionó ninguna orden para que los aviones regresaran a Estados Unidos.

Finalmente, los aviones llegaron a El Salvador, según un video de tres minutos publicado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Los venezolanos se encuentran ahora recluidos en un centro de confinamiento para terroristas en virtud de un acuerdo negociado con Bukele por el secretario de Estado Marco Rubio.

En documentos judiciales del domingo, la administración Trump dijo que “algunos pandilleros sujetos a deportación según la proclamación ya habían sido expulsados ​​del territorio de los Estados Unidos” antes de que Boasberg emitiera su orden.

La Aclu y Democracy Forward afirmaron que la redacción sugiere que el gobierno consideró que la orden de Boasberg se aplicaba únicamente a las personas que aún se encontraban en territorio estadounidense o en el espacio aéreo estadounidense al momento de la orden escrita. "Si así procedió el gobierno, constituyó una flagrante violación de la orden judicial", argumentaron los grupos.

El jefe de la Casa Blanca en materia fronteriza, Tom Homan, declaró a la prensa el lunes que la administración "acató la decisión del tribunal". Sin embargo, también reconoció que al menos un avión seguía en el aire.

“El avión ya estaba sobre aguas internacionales, repleto de terroristas y con serias amenazas a la seguridad pública”, declaró Homan. Añadió que 238 miembros del Tren de Aragua y 21 pandilleros de la MS13 fueron deportados.

Estados Unidos no ha detallado públicamente cómo identificó a los venezolanos como miembros de la banda Tren de Aragua, que ha sido designada organización terrorista extranjera.

Revisión judicial

La extraordinaria cadena de acontecimientos planteó nuevas preguntas sobre la disposición del gobierno a someter sus acciones a revisión judicial. Se han presentado más de 100 demandas para intentar frenar las políticas de Trump, incluyendo intentos de limitar la ciudadanía por nacimiento y reformar el gobierno, este último liderado por Elon Musk. Algunos litigantes han alegado que el gobierno ha intentado eludir las órdenes judiciales para distribuir subvenciones, préstamos y otros fondos ya aprobados por el Congreso.

La iniciativa de Trump marca un uso sin precedentes de la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida que anteriormente solo se había aplicado en la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta ley permite al presidente eludir las leyes de inmigración del país para deportar a personas cuando Estados Unidos está involucrado en una guerra declarada o cuando un país extranjero ha iniciado o amenazado con una invasión o incursión depredadora.

En su proclamación, Trump dijo que el Tren de Aragua cumple con los criterios de la ley porque “está llevando a cabo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de los Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o de otro tipo, del régimen de Maduro en Venezuela”.

Trump defendió su uso de la ley de tiempos de guerra en una discusión con periodistas el domingo por la noche a bordo del Air Force One.

“Esto es una guerra”, dijo Trump. “En muchos sentidos, es más peligroso que la guerra porque, como saben, en la guerra llevan uniforme. Sabes a quién le disparas”.

Los críticos dijeron que la Casa Blanca estaba haciendo mal uso de su autoridad.

La proclamación pasa por alto una serie de razones por las cuales la ley no puede usarse para justificar las deportaciones, dijo Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason.

“La simple migración ilegal o el narcotráfico no se consideran invasión”, afirmó. Incluso si así fuera, “no lo está llevando a cabo un gobierno extranjero”.

La administración sostiene que los jueces federales tienen poca influencia en la evaluación del uso que el presidente hace de la ley de 1798. En su presentación judicial del domingo, el Departamento de Justicia afirmó que los tribunales pueden revisar casos individuales, pero no pueden "investigar las decisiones del presidente en materia de seguridad nacional y política exterior al emitir la propia proclamación".

El uso de la ley por parte de la administración es “totalmente ilegal”, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, en una entrevista.

“No existe ninguna autoridad para usarlo contra una pandilla, por muy peligrosa que el gobierno declare”, dijo Gelernt. “Esta es una autoridad en tiempos de guerra que no tiene aplicación en este contexto”.

La Casa Blanca publicó declaraciones de más de dos docenas de legisladores republicanos elogiando a Trump y criticando a Boasberg.

“Otro día, otro juez que decide unilateralmente las políticas de todo el país”, dijo el senador republicano Chuck Grassley de Iowa en la plataforma de redes sociales X. “Si la Corte Suprema o el Congreso no solucionan el problema, nos encaminamos hacia una crisis constitucional”.

El gobierno venezolano publicó en Telegram que la proclamación estadounidense “criminaliza infame e injustamente” a los migrantes venezolanos, describiéndola como un recordatorio de “los momentos más oscuros de la humanidad”.