Un firma española reclama US$280 millones a Apple y Google por abuso de posición

6'5 millones de afectados. Esta es la cantidad de ciudadanos portugueses perjudicados por abuso de posición de dominio y aplicación de precios excesivos e injustos realizados por Google y Apple. Así lo estima el conglomerado legal de bufetes que ha interpuesto dos acciones de clase opt-out, un mecanismo de demanda colectiva que no aparece en el ordenamiento jurídico español.

Así, el equipo legal formado por el despacho español Eskariam, el bufete anglosajón Hausfeld, y las firmas portuguesas J+Legal en la acción contra Apple; y Cardigos en el caso contra Google, reclaman a los gigantes tecnológicos 198 millones de euros por (US$200 millones), según los demandantes, infringir sistemáticamente la ley de competencia lusa y aplicar un precio excesivo e injusto a los usuarios en Portugal por la adquisición de aplicaciones y otras compras realizadas en Apple App Store y Google Play Store.

Acciones de clase opt-out

Fabrizio Esposito, profesor adjunto de derecho privado de la facultad de derecho de la Universidade NOVA de Lisboa es es el representante de la clase y promotor único de estas dos acciones populares en nombre de alrededor de 6,5 millones de usuarios portugueses de dispositivos con sistemas iOS y Android.

Así, Esposito es el que ha formado el equipo legal formado por el conglomerado de cuatro bufetes internacionales para llevar a cabo las acciones de clase opt-out. "Las dos reclamaciones tienen un mismo fundamento:abuso de Appel y Google a través de sus tiendas", explica Juan Álvarez, fundador de Eskariam. Son dos asuntos por los que las tecnológicas están infringiendo las leyes del mercado. Por un lado, cuando tu te compras el móvil o la tableta con sistemas de iOS o de Android, los dispositivos tienen preeinstaladas sus tiendas para comprar aplicaciones. Además, cargan un 30% de comisión sobre todas las compras que se hacen en sus tiendas aludiendo al desarrollo de éstas,lo que supone una posición de dominio del mercado", aclara Álvarez.

Así, estas dos demandas plantean que todos los consumidores de Portugal que hayan realizado una compra desde el 1 de enero de 2013 a través de cualquiera de las tiendas de las tecnológicas podrá recuperar una cantidad que tendrán que estimar los jueces.

"Lo que hace Esposito es poner la dos demandas en el tribunal portugués especializado en la materia, el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém, en representación de todos los consumidores afectados por una cantidad que se estima de unos 100 millones de euros por reclamación", asegura Lianne Craig, socia directora de Hausfeld Londres.

La operativa de las acciones de clase es muy diferente a sus semejantes (reclamaciones colectivas) en España. Y es que, una vez que se admita la demanda, el juez da un plazo para que los consumidores que así lo quieran salgan de la demanda. Si no hacen nada, quedan incluidos en la demanda en nombre de Esposito. Esta se tramita, y si se condena a Google y a Apple al pago de una cantidad económica se notifica al mercado portugués para que todo el consumidor que haya hecho una compra desde enero de 2013 reclame la cantidad que le corresponde, establecida por el juez.

No obstante, las demandas contra los dos gigantes tienen que ser admitidas por el juez, pasar por una fase de audiencias previas, presentación de daños por peritos profesionales y llegar a juicio. Y aun así, existen dos instancias en las que Apple y Google podrán reclamar.

¿Qué pasa en España?

"En España, este tipo de acciones tienen que ser articuladas por las organizaciones de consumidores. Y, a diferencia de lo que sucede en Portugal, son los propios afectados los que se tienen que adherir a la demanda", aclara David Fernández, CEO de Eskariam.

En este punto, cabe destacar que se tiene que transponer en nuestro ordenamiento jurídico la directiva comunitaria relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, de 2020. "España tiene que de plazo para trasponerla hasta diciembre de 2022, y que se incorpore al ordenamiento jurídico español en junio de 2023", comenta Álvarez.

Al igual que en Portugal, tanto en Reino Unido como en Holanda, Apple y Google han sido demandados por estas prácticas anti-competitivas. "En UK, el pasado año interpusimos dos demandas y hace cuatro semanas el juez las aceptó. En Holanda lo vehiculamos a través de una demanda en febrero. Estos dos países tienen un sistema judicial preparado para aceptar acciones de clase", explica Craig sobre las acciones de daño que Hausfeld ha interpuso en estos dos países contra las tecnológicas estadounidenses.