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Cuanto más alto sea el tributo, mayor será la repercusión a hogares y empresas.
La creación de un nuevo impuesto sobre el sector bancario, ya sea aplicable a los beneficios, a los depósitos o a los préstamos, provocaría un efecto de distorsión que derivaría en una caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior a los potenciales mayores ingresos que podría obtener el Gobierno.
Así lo exponen los economistas José Emilio Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri y Juan Rubio-Ramírez en un artículo elaborado para BBVA Research en el que se analizan los efectos de la introducción de tres impuestos bancarios alternativos sobre las principales variables macroeconómicas.
"Los tres tipos de impuestos bancarios tendrían efectos negativos similares sobre la actividad económica", remarcan los expertos, que calculan que la elasticidad general del PIB con respecto a los ingresos públicos post aplicación de un nuevo gravamen al sector es cercana al -0,9%.
Además, aseguran en el documento que, cuanto más alta sea la tasa del impuesto, más se intensificará la reacción de los bancos en términos de repercutir parte del coste fiscal a los hogares y las empresas.
De igual forma, estiman que para obtener un aumento de los ingresos públicos equivalente a 0,1 puntos porcentuales del PIB, los bancos tendrían que elevar el coste de los préstamos en cerca de 15 puntos básicos.
En suma, un impuesto bancario aumentaría el tipo de interés aplicado a los préstamos al aumentar el coste de capital de las entidades financieras, lo que impactaría sobre la economía real.
De hecho, la idea de aplicar un impuesto al sector bancario ha estado bajo un intenso escrutinio desde la crisis financiera internacional de 2007, por lo que en los últimos años se han presentado diversos estudios para justificar o no la conveniencia de su creación.
La Comisión Europea, por ejemplo, respalda esta tributación al considerar que contribuye indirectamente a aumentar la estabilidad financiera al desalentar ciertas actividades de mayor riesgo o porque contribuiría a recuperar las ayudas públicas proporcionadas a los bancos durante la crisis.
También se entiende que podría utilizarse para crear un fondo para una futura reestructuración bancaria o para garantizar que el sector realice una aportación "justa y sustancial" a las finanzas públicas.
Debate
En España, el debate sobre la aplicación de un impuesto al sector bancario se ha intensificado durante los últimos meses. Precisamente en este momento los partidos políticos están definiendo sus propuestas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril.
Unidas Podemos, actual socio de Gobierno del PSOE, es el impulsor del impuesto a la banca en el país y único partido que aún mantiene la idea de su creación de forma consistente. En su opinión, es necesario la implementación del impuesto sobre las transacciones financieras y un tributo a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades en el impuesto sobre sociedades con el fin de recuperar los 60.000 millones de euros inyectados durante el rescate.
En su caso, el PSOE, aunque en un primer momento se mostró partidario de imponer un nuevo tributo a la banca, finalmente declinó apoyarlo en el Pleno del Congreso, aunque mantiene la propuesta de crear un impuesto que grave las transacciones financieras en los mercados de valores.
El PP, de su lado, aboga por la no aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras, rechaza la creación un nuevo impuesto a la banca e incluso ha pedido al PSOE que elimine el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) que Pedro Sánchez decidió imponer al sector tras el 'lío hipotecario' del Tribunal Supremo.
Por otro lado, Ciudadanos pretende monitorizar de forma más cercana la actividad de los bancos o la aplicación de un tipo impositivo más elevado para las SICAVs, menores comisiones para pagos con tarjeta o una revisión de la comercialización de los productos bancarios. No obstante, está en contra de crear un impuesto nuevo para los bancos.
Por último, Vox no se ha pronunciado de forma concreta al respecto, pero sí que propone la eliminación por doble tributación de las pensiones públicas, lo que restaría atractivo a los planes de ahorro privados del sector bancario.
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