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El requisito de registro, que entra en vigor el viernes, le otorga a la administración Trump una nueva herramienta para implementar su agenda de deportaciones masivas
Un juez federal rechazó una solicitud de organizaciones de defensa de los inmigrantes para bloquear una norma de la administración Trump que requiere que millones de inmigrantes se registren en el gobierno federal.
El juez Trevor N. McFadden, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, determinó que los demandantes no habían demostrado la probabilidad de legitimación para impugnar la norma de registro. El requisito de registro, que entra en vigor el viernes, le otorga a la administración Trump una nueva herramienta para implementar su agenda de deportaciones masivas.
En una demanda presentada el mes pasado, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes y los Trabajadores Agrícolas Unidos argumentaron que la regulación del Departamento de Seguridad Nacional violaba los requisitos de notificación y comentarios bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
El DHS emitió el mandato de registro como una regla final provisional el 12 de marzo, citando un estatuto de la época de la Segunda Guerra Mundial que requería que ciertos inmigrantes se registraran o se arriesgaran a ser procesados.
McFadden, designado por Trump, concluyó que los perjuicios citados por los demandantes eran especulativos. «No han demostrado que el mero requisito de acatar la ley —incluso si es cierto que la regulación que la acompaña incumplió los requisitos procesales al promulgarse— constituya un perjuicio concreto a efectos de legitimación», escribió en una orden de memorando.
En un discurso pronunciado el martes en una conferencia sobre seguridad fronteriza, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el gobierno de Trump utilizaría todas las leyes disponibles para ayudar a los funcionarios a implementar el plan de deportación masiva prometido por el presidente, incluyendo la Ley de Registro de Extranjeros, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Dicha ley establece que los inmigrantes que permanezcan en el país sin autorización durante más de 30 días deben registrarse ante el gobierno federal o serán acusados penalmente, añadió.
“Podemos entrar y sacarte de tu casa y deportarte fuera de este país”, dijo Noem.
Cualquiera que no se registre también enfrentará multas diarias de hasta 1.000 dólares, agregó.
Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, dijo en un comunicado que los inmigrantes afectados por la norma deben consultar con un abogado sobre las consecuencias de registrarse o no.
“Este decepcionante fallo lamentablemente significa que el plan de Trump para obligar a las personas a tomar una decisión imposible entre registrarse y arriesgarse a una deportación inmediata, o negarse y enfrentar sanciones, sigue adelante por ahora”, dijo Espíritu.
Los demandantes, entre los que también se encontraban Make the Road New York y CASA Inc., están representados por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, el Consejo Americano de Inmigración, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Robert F. Kennedy Human Rights. El Departamento de Justicia representa al DHS.
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