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Entre los condenados del caso están el expresidente del órgano regulador del sistema de justicia del país, jueces y fiscales, una guardia penitenciaria y el exdirector del organismo penitenciario Snai
Un tribunal de Ecuador condenó el lunes a 20 de los 21 procesados dentro de un amplio caso de delincuencia organizada vinculada al narcotráfico que involucra al sistema de justicia del país, condenándolos a penas de entre 40 meses y 10 años de prisión.
Entre los condenados del caso denominado "Metástasis" están el expresidente del órgano regulador del sistema de justicia del país, jueces y fiscales, una guardia penitenciaria y el exdirector del organismo penitenciario Snai, entre otros.
"Las conductas de los colaboradores han sido útiles para estructurar una sede criminal", dijo la jueza Mercedes Caicedo al leer la resolución.
El tribunal declaró inocente a uno de los vinculados al caso. Inicialmente, 52 personas fueron acusadas en el caso, pero una docena de ellas recibieron beneficios por colaborar con los investigadores y obtuvieron juicios rápidos y sentencias reducidas.
Finalmente, treinta acusados fueron llamados a juicio, aunque ocho no pudieron ser juzgados por estar prófugos, entre ellos un exlegislador del partido del expresidente Rafael Correa. El juicio de otro acusado fue suspendido temporalmente después de que se inscribiera como candidato a la legislatura en las elecciones de 2025.
La Fiscalía General comenzó a investigar a funcionarios del sistema judicial de Ecuador después de que Leandro Norero, a quien las autoridades vincularon con bandas de narcotraficantes, fuera asesinado en prisión en 2022 mientras estaba encarcelado por lavado de dinero.
Los fiscales argumentaron que los presuntos acusados en el caso utilizaban dinero obtenido de actividades ilegales, lideradas por Norero, y ubicaban a funcionarios del sistema de justicia para que llevaran sus procesos legales y así obtener beneficios e impunidad para él y su familia.
Durante el juicio, los abogados de los acusados negaron las acusaciones y afirmaron que la Fiscalía no podía fundamentar los cargos con pruebas contundentes.
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