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Una muy posible reforma al PJF causaría mucho nerviosismo en los socios del T-MEC

viernes, 23 de agosto de 2024

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El diplomático manifestó que es importante considerar tener jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones

El Economista - Ciudad de México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la elección de jueces por voto popular, como parte de la reforma judicial en México propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un riesgo para la democracia, además de que se debilitaría la integración económica de América del Norte. Advirtió que esta vía no solucionará los problemas de corrupción del Poder Judicial en México ni lo fortalecerá.

Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política", declaró a la prensa en su residencia.

Aunque reconoció que, sí es necesaria una reforma judicial, el diplomático manifestó que es importante considerar tener jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones.

“Crearía turbulencia”

Salazar teme que el debate y la política en torno a la reforma amenazarían la relación comercial entre Estados Unidos y México, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal mexicano, además de que se desatarían litigios en el marco del T-MEC. “Con el T-MEC hemos traído prosperidad a nuestro continente y nos hemos convertido en los mayores socios comerciales en la historia del mundo'', recordó.

Agregó que se debilitarían los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años.

"El debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas", dijo.

Ken Salazar reiteró que, a largo de sus tres años como embajador, Estados Unidos ha respetado la soberanía de México en reconocimiento a todo lo que se puede lograr a través de una asociación entre iguales.

Apenas hace unas semanas, el embajador Ken Salazar respaldó algunos puntos de la reforma como el plazo para que los jueces definan asuntos y la reducción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Buscan estabilidad

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, confirmó que inversionistas canadienses han expresado su preocupación por la reforma al Poder Judicial en México. Cuestionado sobre el tema, el diplomático expresó que el “vínculo de confianza” entre los inversionistas y el Gobierno de México puede verse afectado.

“Una inversión es una muestra de confianza (...) "Mis inversionistas están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas", declaró en el foro de negocios México-Canadá CanCham Day 2024.

Puntualizó que el objetivo es transmitir las inquietudes del sector privado canadiense sin interferir en los asuntos internos de México. “Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, enfatizó.

Asimismo, destacó que su país seguirá de cerca el desarrollo de esta reforma judicial y su posible impacto en las relaciones bilaterales y en el ambiente de inversión en México. “Es el papel de diplomático de una embajada, seguir el desarrollo de eventos y de iniciativas que podrían tener un impacto sobre nosotros”, expresó.

Recordó que Canadá es el segundo país con mayor inversión extranjera directa en México, con 40,000 millones de dólares canadienses, por lo que consideró preocupante que los inversionistas canadienses mantengan un alto grado de cautela ante la posible aprobación de la reforma.

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