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Nicolas Maduro, presidente de Venezuela
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Las sanciones serán reevaluadas en seis meses y no en un año, afirmó el Consejo Europeo en regulaciones publicadas este lunes
La Unión Europea extendió las sanciones a funcionarios venezolanos pero acortó su período de revisión en un gesto de buena voluntad tras la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición.
Las sanciones serán reevaluadas en seis meses y no en un año, afirmó el Consejo Europeo en regulaciones publicadas el lunes. El bloque aplica prohibiciones de viaje y medidas de congelación de activos a más de 50 funcionarios acusados de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia en Venezuela. Diosdado Cabello, vicepresidente del partido socialista gobernante, y Elvis Amoroso, jefe del organismo electoral, están entre los sancionados.
El Gobierno de Maduro reanudó las conversaciones con una facción de la oposición venezolana el mes pasado con la firma de un acuerdo en Barbados que establece los términos para elecciones presidenciales justas en 2024. Las autoridades venezolanas aún no han invitado a una misión de observadores de la UE para supervisar la votación.
Poco después de que se reanudaran las conversaciones moderadas por Noruega, Estados Unidos suspendió las sanciones a la producción venezolana de petróleo, gas y oro durante seis meses y levantó algunas restricciones al comercio de bonos. Maduro tiene de plazo hasta el 30 de noviembre para dejar vía libre a todos los candidatos de la oposición para presentarse a las elecciones y liberar a los presos políticos.
La semana pasada, un alto funcionario de la administración Biden describió las medidas estadounidenses como un “gran paso” que podría revertirse rápidamente si el gobierno venezolano no cumple sus compromisos. Sin embargo, algunas empresas y países europeos están empezando a sacar partido de la situación.
La perforadora francesa Etablissements Maurel & Prom SA firmó el 8 de noviembre un contrato histórico con la empresa estatal Petróleos de Venezuela destinado a aumentar la producción de petróleo y gas en el Lago de Maracaibo. Pocos días después, una delegación húngara llegó a Caracas para discutir la compra de gas natural a Venezuela.
Algunos Gobiernos europeos también están restableciendo lazos con el régimen de Maduro después de haber apoyado a un Gobierno paralelo patrocinado por EE.UU. y encabezado por el expresidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. El impulso de la Administración Trump para derrocar a Maduro colapsó este año, cuando Guaidó fuera destituido por la oposición, lo que dejó a los aliados reevaluar sus propias políticas.
Sin una posición conjunta de la UE sobre el reconocimiento de Maduro, las naciones individuales están mejorando sus representaciones diplomáticas.
El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, dijo durante su visita de la semana pasada que su Gobierno, que había apoyado a Guaidó, nombraría un cónsul en Caracas. Y aunque la mayoría de los países europeos siguen teniendo encargados de negocios en Venezuela, algunos —entre ellos Portugal y España— han empezado a nombrar embajadores tras años sin un representante.
La última misión de observación electoral de la UE en Venezuela tuvo lugar en 2021, con un informe preliminar que señalaba deficiencias e irregularidades en la votación de ese año. El Gobierno de Maduro desestimó sus conclusiones, acusó a los observadores de ser espías y los echó del país antes de su salida programada.
La UE introdujo por primera vez medidas restrictivas contra Venezuela en 2017 y las ha ido ampliando cada noviembre. Otras sanciones incluyen un embargo sobre la venta de armas y equipos utilizados para la represión interna.
El acuerdo de Barbados representa un paso “positivo y necesario” en el diálogo dirigido a restaurar la democracia en Venezuela, dijo el Consejo de la UE en un comunicado de prensa anunciando su medida. También se mostró dispuesto a considerar la flexibilización o revocación de las medidas restrictivas en función de la evolución de la situación y de la plena aplicación del acuerdo político.
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