La Unión Europea considera que se debe eliminar el "impuestazo" a las energéticas

El beneficio de las empresas es más bajo y pierde sentido esa tasa. Si sigue, Repsol llevará inversiones a Francia además de Portugal.

La Comisión Europea considera que basta con echar "un vistazo" a los mercados del petróleo y el gas para darse cuanta de que ahora, "la situación es muy diferente a la que existía cuando entró en vigor el reglamento" que abría la puerta para que los países crearan la denominada tasa de solidaridad, un impuesto a grandes energéticas para recaudar fondos con el objetivo de favorecer políticas para amortiguar la escalada de precios.

Así se recoge en el primer informe elaborado por la Comisión para evaluar el impacto de esa tasa solidaria en cada país y si se debería seguir con ella. Esa tasa, en España, se tradujo en el denominado "impuestazo", un gravamen sobre 1,2% de las ventas de las grandes energéticas. El más afectado fue el grupo Repsol, con US$489 millones anuales, seguido de Cepsa, Iberdrola y Naturgy, entre otras empresas. El impuestazo también recayó sobre grandes bancos, aunque con otros parámetros (un porcentaje sobre los márgenes comerciales).

"La disminución de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto y el aumento de los costes de capital han llevado a las empresas en los sectores del petróleo, el gas y el carbón a ver una disminución de sus ganancias en comparación con los excedentes extraordinarios de 2022", dice el informe. La Comisión se compromete a seguir monitorizando la situación y publicará otro informe en octubre del próximo año.

El primer informe llega en un momento especialmente relevante para España. Mientras otros países como Italia ya están dando pasos para eliminar la tasa solidaria, en España un acuerdo reciente de Gobierno entre Psoe y Sumar se comprometía a analizar la continuidad del impuesto. En España, inicialmente se aprobó para dos años, 2022 y 2023 (a recaudar en los años siguientes, 2023 y 2024, respectivamente). Es decir, en principio, debería dejar de cobrarse a partir de 2025, a no ser que el nuevo Gobierno lo extienda, con el mismo o distinto formato.

Repsol, en guerra

La posibilidad de que el Gobierno extienda el impuesto ha puesto en guerra a algunas energéticas como Repsol. El grupo ya advirtió hace días que si la tasa continúa, se llevaría inversiones nuevas fuera de España, a países como Portugal. Ayer, Repsol incluyó Francia como posible destino de esa deslocalización de inversiones. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que las inversiones en hidrógeno que proyectan para España, unos US$1.631 millones, necesitan estabilidad jurídica y fiscal y añadió que si hay un impuesto a la producción, que no tienen Francia ni Portugal, los proyectos se podrían irán allí.

"Si tenemos un impuesto para producir hidrógeno que no tienen Francia o Portugal pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o Francia", dijo Brufau, en un foro especializado en energía. Brufau recordó que no es un tema a corto plazo, sino que "son inversiones a medio y largo plazo que requieren madurez".

En su intervención tachó de "incomprensible" que en España se quiera mantener para las energéticas españolas un gravamen transitorio basado en "hipotéticos" beneficios extraordinarios.

España, 1.089 millones

Según el informe de Bruselas, España se colocó en septiembre (cuando se supone que ya se han realizado todos los pagos sobre la tasa con cargo al ejercicio 2022), como cuarto país de la UE que más ha recaudado por ese impuesto a las energéticas. En total, han sido US$1.184 millones, frente a los US$6.996 millones de Países Bajos, los US$3.513 millones de Polonia y los US$3.150 millones de Italia.