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La presidencia y todos los escaños del Congreso se disputan en elecciones generales que se celebran cada cinco años
Los votantes de Uruguay emitirán sus votos el domingo en una carrera presidencial que se ve ensombrecida por una polémica reforma al sistema de pensiones.
Aunque las posibles consecuencias fiscales de la propuesta de seguridad social tienen nerviosos a los inversores, la campaña principal presenta a un partido de izquierda resurgente que busca derrocar a la coalición gobernante de centroderecha aprovechando la angustia por el crimen y la economía.
Las encuestas muestran que el candidato presidencial del opositor Frente Amplio, Yamandu Orsi, superó cómodamente a su rival más cercano, Álvaro Delgado, del Partido Nacional de la coalición gobernante, pero no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta electoral contra Delgado el 24 de noviembre.
“El resultado más probable es que no elijamos presidente el domingo y vayamos a una segunda vuelta”, dijo Mariana Pomies, directora de la encuestadora Cifra.
La presidencia y todos los escaños del Congreso se disputan en elecciones generales que se celebran cada cinco años y en las que el voto es obligatorio para los 2,7 millones de electores registrados en Uruguay. La ley impide al presidente Luis Lacalle Pou presentarse a un segundo mandato consecutivo.
Pomies dijo que los votos de protesta para los partidos más pequeños podrían negarle tanto al Frente Amplio como a la coalición gobernante el control de la Cámara Baja y posiblemente incluso del Senado. Pero mientras que en campañas recientes en otras partes de América Latina se han visto populistas con planes radicales que han puesto a la sociedad en vilo, Uruguay está desafiando esa tendencia con los principales partidos presentando políticos tradicionales predecibles.
Orsi, gobernador durante dos mandatos del segundo departamento más poblado de este país de 3,4 millones de habitantes, ubicado entre Argentina y Brasil, se ha comprometido a impulsar el crecimiento económico, combatir el crimen y reformar el sistema de seguridad social. El ex profesor de historia de 57 años nombró al respetado economista Gabriel Oddone como ministro de Finanzas.
Delgado, quien se desempeñó como asesor principal de Lacalle Pou, promete continuar con las políticas pro empresariales del Partido Nacional para convertir a Uruguay en el país más desarrollado de América Latina en 2030. También se ha comprometido a acabar con la delincuencia en medio de un aumento de asesinatos desde 2022. El exlegislador de 55 años nombró al exjefe del banco central Diego Labat como su probable jefe de finanzas.
Uruguay vota en un contexto de crecimiento económico que el banco central prevé que crecerá un 3,5% este año, tras una década de crecimiento que promedió alrededor de 1% anual. Sin embargo, la recuperación pospandemia no ha beneficiado a todos por igual.
La pobreza afecta a casi una quinta parte de los niños y miles de familias aún viven en barrios marginales. Una flota cada vez mayor de vehículos eléctricos comparte las calles de la capital con carros tirados por caballos conducidos por trabajadores pobres que hurgan en la basura en los distritos más ricos de Montevideo. El gobierno de Lacalle Pou ha luchado por contener el crimen violento, con 10,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes el año pasado, según datos del gobierno. Eso es casi el doble de la misma medida en Estados Unidos.
“La percepción pública sobre la economía no coincide con los datos. Alrededor de un tercio de los uruguayos piensa que la economía está mal, un tercio piensa que está bien y el otro tercio piensa que no es ni buena ni mala”, dijo Pomies.
Los uruguayos también tendrán que votar el domingo para enmendar la Constitución y reformar radicalmente el sistema de seguridad social y permitir que la policía ingrese a los hogares con una orden judicial por la noche. La votación sobre estas propuestas, conocidas técnicamente como plebiscitos, es opcional.
La votación sobre las pensiones ha asustado a los inversores, que temen que provoque mayores déficits y debilite los mercados de capital locales al abolir los fondos de pensiones que gestionan más de US$23.000 millones. También aumentaría los pagos mínimos y reduciría la edad de jubilación.
En las encuestas, el apoyo a la reforma de la seguridad social está apenas por debajo de la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. Pero como una gran proporción de votantes aún no se ha decidido, los inversores temen que Uruguay pueda perder su atractivo como refugio para la estabilidad financiera. Orsi y Delgado se oponen a la propuesta, aunque el Frente Amplio no ha adoptado una posición partidaria formal.
Una victoria en el plebiscito podría hacer que el peso uruguayo se deprecie hasta 10% en los días posteriores a la votación y desencadene una liquidación de bonos gubernamentales, según Sebastián Arena, jefe de ventas y operaciones de la correduría local Nobilis, que administra activos por 1.300 millones de dólares.
“En caso de que no se apruebe el plebiscito, el escenario base es una apreciación del peso y un aumento en el precio de los bonos indexados a la inflación y en pesos nominales”, dijo en entrevista.
Las urnas abrirán el domingo de 8:00 a.m. a 7:30 p.m. hora local y se espera que el Tribunal Electoral publique los resultados preliminares esa misma noche.
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