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El país sudamericano vuelve a ser considerado como mayormente libre en términos económicos por primera vez desde 2011
Uruguay se posicionó como el segundo país latinoamericano y el 34° en el mundo en libertades económicas, según la 28° edición del Índice de Libertad Económica de la fundación estadounidense Heritage Foundation, logrando 70,0 puntos. Con este puntaje se posicionó por debajo de Emiratos Árabes Unidos (70,2) y por encima de Japón (69,9), y volvió a considerarse mayormente libre después de 11 años.
El ranking evalúa 12 tipos de libertades económicas en 184 países, los puntúa y, basándose en ese puntaje obtenido, se categorizan en: libres, mayormente libres, moderadamente libres, mayormente no libres o de libertades reprimidas.
En Latinoamérica, Uruguay solo fue superado en el ranking por Chile, que se posiciona en el puesto 20° a nivel mundial. Estos dos fueron los únicos países latinoamericanos categorizados como mayormente libres, y ninguno en las Américas entró en la categoría de países libres. Perú (51°), Costa Rica (55°), Panamá (56°), Colombia (60°), México (67°), Guatemala (69°), República Dominicana (71°) y Paraguay (73°) son los que integran el grupo de los moderadamente libres. Los categorizados como mayormente no libres son El Salvador (90°), Honduras (92°), Nicaragua (122°), Ecuador (126°), Brasil (133°) y Argentina (144°). Los tres países del continente con libertades reprimidas son Bolivia (169°), Cuba (175°) y Venezuela (176°), según recopiló Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
Así, el informe muestra que el 42% de los países latinoamericanos tienen una economía moderadamente libre, el 32% una mayormente no libre, el 16% no tiene libertades económicas y solamente un 10% vive en una economía mayormente libre.
El estudio categoriza a las 12 libertades económicas en cuatro pilares: imperio de la ley, tamaño de gobierno, eficiencia regulatoria y mercados abiertos.
La primera categoría, "imperio de la ley", está comprendida por el respeto al derecho de propiedad, la eficacia judicial y la integridad del gobierno. En el respeto al derecho de propiedad, Uruguay tuvo un aumento de 15,9 puntos (de 68,1 a 84,0) frente a la edición pasada, siendo el único de Latinoamérica que se consideró como país libre. La eficacia judicial también mejoró (de 66,8 a 80,4), pero la integridad de gobierno bajó de 75,7 en 2021 (su mejor año) a 75,2. En el reporte se explica que “los contratos y los derechos de garantía sobre la propiedad son reconocidos y aplicados por la ley, la mayoría de la tierra tiene un título de propiedad claro y el poder judicial es transparente e independiente, pero los juzgados funcionan con lentitud y pueden ser objeto de intimidación”. Finalmente, se destaca que para prevenir el soborno y otras prácticas corruptas, son empleados estatutos anticorrupción.
El segundo pilar, que concierne al tamaño del gobierno, mide la carga fiscal, los gastos gubernamentales y la salud fiscal. Por su carga fiscal, Uruguay obtuvo 72,4 puntos, su puntaje más bajo desde 1995. El puntaje viene en caída desde 2018 (78,0 puntos), aunque su mejor año fue 1998 (88,6). Por su salud fiscal obtuvo 75,2, una caída de 5,3 respecto a 2021, su mejor año (80,5). Los gastos gubernamentales reportaron un aumento en el puntaje (de 66,9 a 70,2) y superaron los 70 puntos por primera vez desde 2011, según Fraga.
El pilar de la eficiencia regulatoria evalúa la libertad empresarial, la libertad laboral y la libertad monetaria. La libertad laboral tuvo una caída de 70,5 a 60,3, siendo su puntaje más bajo desde 2005. El informe expresa que, a pesar de la estabilidad política y macroeconómica, la ubicación geográfica y los incentivos gubernamentales para invertir, “los costos laborales son altos y pueden surgir conflictos laborales y sindicales agresivos”. La libertad monetaria también cayó, de 72,5 a 70,9, aunque continúa por encima de los 70 puntos desde 2005. Por último, la libertad empresarial en Uruguay mejoró 3,4 puntos, de 72,3 a 75,7, alcanzando su mejor puntaje histórico. El Índice destaca las regulaciones en Uruguay, que son de las más transparentes de América del Sur.
El último pilar refiere a los mercados abiertos, y mide la libertad de comercio, la libertad de inversión y la libertad financiera. La libertad de comercio tuvo un descenso de 0,4 puntos, totalizando 70,4. (su mejor puntaje fue de 83,4 en 2009). También bajó su libertad de inversión, con 75 puntos, siendo que desde 2017 venía consiguiendo 85. La libertad financiera de Uruguay sigue estancada en los 30,0 puntos, un valor constante desde 2006 (antes de eso, su mejor año fue 70,0 en 2003). El informe destaca que los “inversionistas extranjeros reciben el mismo trato ante la ley que los inversionistas nacionales, no hay límites de propiedad en la mayoría de los sectores y el sector financiero está abierto”, pero advierte acerca de la participación del Estado en la propiedad y la asignación de créditos y el bajo desarrollo de los mercados de capitales.
El estudio concluyó que “la economía uruguaya creció lentamente desde 2017 hasta 2019, antes de contraerse en 2020 y recuperarse al año siguiente”. Además, consideró que la libertad económica se estancó durante este tiempo, aunque “conquistó avances en el estado de derecho que lograron compensar las disminuciones en la libertad de comercio internacional y la libertad de inversión”. Uruguay registró una ganancia general de 0,3 puntos de libertad económica desde 2017 y entró en la categoría de mayormente libre por primera vez desde 2011. Además se menciona que “la salud fiscal y la libertad comercial son relativamente sólidas, pero falta libertad financiera”.
Según avisa el informe, la mayoría de los datos utilizados para la edición de este año pertenecen a la segunda mitad de 2020 y la primera de 2021.
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