Yolanda Díaz quiere compensar la subida del salario mínimo en contratos públicos

La ministra de Trabajo admite la necesidad de aumentar el precio de los servicios prestados al Estado por empresas privadas y plantea reformar la ley de desindexación.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, admite la necesidad imperiosa de compensar a las empresas privadas que prestan servicios para el sector público el incesante incremento de los costes asociados a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Así lo ha reconocido en el Congreso Federal de UGT FICA, donde ha señalado la necesidad de reformar la ley de desindexación de 2015 al tiempo que se lleva a cabo revalorización del mínimo salario, ya que esta afecta en gran medida a las empresas de servicios, muchas de ellas subcontratadas en los diferentes niveles de la Administración Pública.

Cabe recordar, de entrada, que desde 2019 el salario mínimo ha subido un 54% sin la posibilidad de que las empresas privadas que tienen contratos de larga duración de prestación de servicios con la Administración hayan podido actualizar sus precios por la aplicación de la ley aprobada en 2015, que estableció una disciplina no indexadora respecto a las variaciones del IPC en el ámbito de la contratación pública.

"Esa ley de desindexación es un ejemplo de relación tóxica entre los servicios públicos y el mercado", señalaba Díaz durante su intervención en el marco de la inauguración del Congreso de UGT de las federaciones de industria, construcción y agricultura.

Asegura la vicepresidenta del Gobierno es una de las reivindicaciones que viene acompañando a las sustanciales subidas del salario mínimo efectuadas en los últimos años.

Si bien estas alzas se han producido con independencia del impacto en términos de costes laborales para las compañías privadas que guardan relación comercial con el sector público, siendo esta precisamente una de las quejas y resistencias que la Ceoe y el resto de patronales han puesto sobre la mesa de diálogo social a la hora de abordar las actualizaciones anuales del SMI.

"Esta ley -de desindexación- es un residuo de la España de los recortes, que continúa a día de hoy perjudicando a la calidad de los servicios públicos y a los trabajadores de multitud de concesionarias públicas de nuestro país", admite Díaz apuntando más concretamente a los servicios de dependencia, de los cuidados, de limpieza y servicios deportivos, entre otros.

"Creo que hay que cambiar esta ley", subrayaba reconociendo que las subidas del salario mínimo a las que no va a renunciar deben ser compensadas en los procesos de licitación pública a los que afecta.

No en vano, la ministra de Trabajo no ha concretado con detalle de los procedimientos necesarios para llevar a cabo este cambio legislativo.

Una ley, no obstante, que además de haber ahorrado un importante coste para las arcas públicas por las subidas del SMI forzadas desde el ámbito ejecutivo también ha servido de muro de contención en los últimos años de importante aumento de costes de producción para las empresas por la crisis de precios desatada primero por la pandemia y después por la guerra de Ucrania.

Sin ir más lejos, este ha sido uno de los caballos de batalla de la patronal de la construcción CNC, que ha advertido del efecto repelente sobre la contratación de obra pública el hecho de que las variaciones de costes de producción no se pueda ver reflejada en modificaciones de los precios repercutidos a la Administración.

"Voy a hacer lo que puedo hacer", señalaba Díaz asegurando que el grupo parlamentario Sumar propondrá una modificación de la ley de desindexación. "Luego veremos quién nos acompaña en el trámite parlamentario", señalaba sobre el hecho de que pueda ver la luz de forma efectiva más allá de la declaración de intenciones.

"En una contrata no solo importa el precio. Si yo subo el SMI y alguien concurre a una licitación, esto tiene que operar", sentenciaba, asegurando que tiene un impacto en la calidad de los servicios y las condiciones de trabajo de los empleados de las empresas implicadas.

Pacto inminente de reducción de jornada

En este punto, el Gobierno ha anunciado también avances con los sindicatos para cerrar el acuerdo para la reducción de jornada en los próximos días. "Es un reto de época. Vamos a alcanzar un acuerdo con los sindicatos para mejorar la vida de la gente", aseguraba dejando nuevamente un recado para las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme por haber rechazado la propuesta del Ministerio de Trabajo.

"Me gustaría que la patronal española estuviera en el debate. Es la primera vez que la patronal ha estado en huelga de brazos caídos, no han presentado ningún papel", afeaba Díaz sobre el rechazo a la implantación de las 37,5 horas asegurando que habiendo posibilidad de acuerdo la patronal se ha caído "por otras razones".