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Llevar a 24 el número de horas consecutivas de prestación de servicio eléctrico en 39 cabeceras municipales es la meta para enero del próximo año del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse), con el fin de reducir brechas de desigualdad entre ciudad y campo.
Según cifras de la entidad, 52% de extensión territorial (90 municipios de los 32 departamentos, además de los 20 territorios especiales) recibe electricidad de combustibles fósiles (diésel) y de manera intermitente, siendo Nariño el de menor cobertura con 552 localidades en esta situación de las 1.442 que se contabilizan en el país. Los territorios especiales se refieren a parques naturales y a zonas fronterizas y se denominan así porque el servicio de interconexión se comparte con otros países.
Las zonas no interconectadas son aquellas que no tienen relación con las plantas, los equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión o las redes de distribución claves para el suministro de energía al país.
Aunque la prestación promedio en casos como el de Leticia, Providencia, Mitú y San Andrés ya llegó a un promedio de 24 horas, en Balboa (Risaralda) y Corozal (Sucre) no supera el rango de seis horas. El Ipse le ha dado prioridad a 17 departamentos y espera filtrar aún más las áreas de acción cuando se tengan los resultados de un estudio que realiza el Ministerio de Agricultura con el objetivo de señalar las áreas donde se están desarrollando proyectos productivos y, por tanto, demandan del servicio para poner a funcionar distritos de riego y cuartos de refrigeración, entre otros.
“Más que llevar energía nos interesa que ésta sea un insumo para procesos agrícolas”, explica el director general (e) del Ipse, Elkin Eduardo Ramírez, al tiempo que resalta que en las zonas donde no se presta el servicio y, que generalmente están muy alejadas de los grandes centros poblacionales, se registra un alto nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
El Estado intenta suplir esa necesidad llegando a 85% del territorio con carrotanques cargados de gasolina, pero ese sobrecosto en transporte se ve reflejado en los altos valores de la prestación del servicio. “Mientras en Bogotá el kilovatio está alrededor de $360, en las zonas rurales supera los $1.500”, indica Ramírez respecto a un incremento que es subsidiado por el Gobierno.
Es por esto que ahora los ojos están puestos sobre las alternativas renovables como la energía solar, eólica, hidráulica y la proveniente de biomasa para reducir la dependencia de las fuentes tradicionales. “La ley 1715 de mayo 2014 nos da oportunidad para que el sector privado y el público le apuesten a las zonas no interconectadas para llevar soluciones mejores, confiables y ambientales”, destaca el vocero.
Con respecto a las tarifas, el Instituto está a la espera de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emita en los próximos meses la tabla de precios que refleje los incentivos a estas opciones paralelas.
En cuanto a la inversión, Ramírez desmiente que sea millonaria. “Sí es elevada, pero también es cierto que se han reducido significativamente en los últimos años, sin contar el ahorro en movilización de diésel y las implicaciones ambientales”.
De esta forma se reduciría la carga fiscal del Estado, pues es más lo que cuesta el transporte del diésel que el producto en sí mismo.
Las zonas no interconectadas se caracterizan por ser territorios rurales con baja densidad poblacional, un nivel mínimo de consumo promedio, poca capacidad de pago y escaso recaudo. Pero no solo se trata de zonas campesinas, también corresponde a comunidades étnicas de indígenas, afrocolombianos, raizales y gitanos (ROM).
Con el inicio de un nuevo periodo gubernamental y luego de la formulación del Plan de Desarrollo, el Ipse prevé que se dará prioridad a las iniciativas que pretenden ampliar las coberturas. Informes de la entidad indican que 55.000 viviendas (que representan menos de 300.000 habitantes) aún no están interconectadas.
“El presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que tendremos que volcarnos a esas poblaciones para generar equidad, eso significa acceso a la población que no cuenta con el servicio”, concluye Ramírez.
Promoción de no convencionales
La energización con fuentes no convencionales fue declarada un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional por el Gobierno en la Ley 697 de 2001. Desde entonces se han diseñado e implementado proyectos piloto en fuentes no convencionales y uso racional y eficiente de la energía, con énfasis en biomasa (Necoclí en Antioquia) e integración solar (Isla Fuerte en Bolívar, Titumate en Chocó y Nazareth en La Guajira). También se estructuraron proyectos con microcentrales hidroeléctricas en Atlántico, Chocó, Magdalena y Caquetá.
