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Nadie puede desconocer la importancia que tiene la consulta previa para las comunidades étnicas y raizales, y el gran aporte de la Constitución de 1991 en el reconocimiento y valoración de los derechos colectivos y culturales de nuestras comunidades como un avance social hacia la equidad. Podemos decir que el marco filosófico avanzó, en tanto que la reglamentación, necesaria para su implementación, quedó corta.
Algunos expertos constitucionalistas opinan que nuestra Constitución quedó a mitad del camino en la reglamentación jurídica de muchos aspectos claves para la vida nacional. Entre estos temas se debe mencionar la consulta previa, la cual, a pesar del llamado de atención al Congreso de la República por parte de la Corte Constitucional en su sentencia T-129 de 2011, no ha logrado expedir una normatividad que facilite el establecimiento de unas reglas claras de juego para que empresas, comunidad y gobierno cuenten con unos parámetros claros que mejoren su implementación cuando se trata de ejecutar proyectos que son objeto de consulta previa.
A la consulta previa le pasa como algunos temas polémicos (eutanasia - unión de parejas del mismo sexo) a los cuales el Congreso parece que le hace un poco el quite, entre otras razones, por el tema político. Muchos congresistas temen perder votos en algunos sectores y en comunidades, por lo cual los problemas en lugar de abordarse se esquivan, no se asumen, porque podrían ser leyes impopulares.
Según las estadísticas oficiales 67% de las consultas previas no se logran concretar, estamos ante un estado de emergencia para el desarrollo de la infraestructura que necesita el país, pero también es importante reconocer, que no todos los problemas recaen en las comunidades.
El Gobierno y el Congreso tienen el deber de formular un marco regulatorio a tono con el desarrollo vertiginoso que está teniendo la infraestructura en la actualidad. De lo contrario esto va seguir siendo un negocio dOnde los exfuncionarios del Ministerio del Interior convirtieron el tema de la consulta en una verdadera “puerta giratoria” en la cual están un tiempo desempeñando funciones públicas y luego salen a contratar con las empresas la asesoría y con la comunidades a negociar. Algo totalmente perverso.
La experiencia práctica muestra cómo algunos integrantes de la comunidad, que se autoproclaman líderes, satisfacen igualmente sus intereses personales a costa del tema de la consulta previa. De esta forma, no se da una verdadera participación de las comunidades, sino una cooptación y casi captura de los procesos decisorios por parte de las directivas que “dicen” representar a la comunidad.
En segundo lugar, las comunidades convirtieron un tema ambiental en una negociación política, desbordando el marco y filosofía de la consulta previa. Finalmente, las empresas que adelantan los proyectos quedaron presas de los consultores y exfuncionarios que les prometen sacar las consultas de manera “exprés” a través del malicioso “todo vale” recurriendo a la compra de líderes y la entrega de dádivas.
En este sentido pueden formularse las siguientes propuestas: Más Estado, es decir, el gobierno debe de manera eficiente generar un marco jurídico claro y con tiempos definidos para el desarrollo de las consultas. Las empresas deben cambiar la forma como se acercan a las comunidades y desarrollan sus estudios de impacto ambiental, incluyendo metodologías como la acción sin daño, la “evaluación de valores ciudadanos” como una forma de entender mejor la cultura de las comunidades dónde se ejecutan los proyectos. Igualmente, las empresas deben ser más creativas en su relacionamiento con él entorno para no caer en la rutina de las socializaciones y el copie y pegue en los estudios de impacto ambiental. Las comunidades, en su lugar, deben propiciar espacios de deliberación que garanticen una verdadera participación amplia y democrática de todos sus habitantes. De lo contrario seguiremos haciendo lo mismo: negociando el medio ambiente y consultando cuánto nos van a dar.
Hace falta un marco regulatorio con tiempos claros
Creo que todos han sufrido por igual las consecuencias de no tener un marco regulatorio que le ponga tiempos límites a las consultas previas. Hace falta y es urgente construir un procedimiento más claro y conciso, que defina alcances de la norma. En general, es necesario que existan unas reglas del juego y que le asignen tareas muy claras a empresas, comunidades y Gobierno.
