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Las 32 instituciones suman 4,4 millones de metros cuadrados.
Las movilizaciones de las universidades estatales, en medio de las discusiones del primer presupuesto del Gobierno Duque, revivieron varias de las quejas que ha tenido la comunidad académica desde 1992, que se creó la Ley que organizó la educación superior.
En particular, la queja más importante ha estado asociada al déficit en infraestructura para ampliar sedes y modernizar las aulas de las 32 instituciones de educación superior públicas, que en total representan 38,5% de todas las universidades, según el Ministerio de Educación.
De acuerdo con los datos recolectados por el Sistema Universitario Estatal (SUE), entre 2004 y 2017 el número de estudiantes que hacen parte de las universidades públicas en el país fue de 69,48%, con lo que se llegó a 623.367 jóvenes matriculados en 2017, contando pregrado y posgrado.
En este mismo periodo de tiempo, el crecimiento en metros cuadrados construidos en las universidades estatales tampoco es despreciable. Según el reporte, en estos 13 años las áreas crecieron 86,6%, pasando de 2,4 millones de metros cuadrados construidos a 4,48 millones de metros cuadrados.
El resultado ha sido un avance en el área disponible por estudiante. De acuerdo con este cruce de datos, para 2004 por cada estudiante había 6,5 metros cuadrados disponibles, mientras que para 2017 creció hasta 7,1 metros cuadrados disponibles. Sin embargo, la queja de rectores y estudiantes va más allá de la disponibilidad de espacio.
El crecimiento del número de estudiantes desde 1993 ha sido de 284%, y como los recursos no han avanzado al mismo ritmo, se han generado las ya bastante conocidas necesidades de inversión para que las instalaciones de las universidades puedan estar acordes con las demandas de los estudiantes y de las actividades académicas.
El rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, recordó que “se debe cubrir el problema financiero del momento. Es un déficit de $3,2 billones en funcionamiento y $15 billones en inversión”, hecho con el que se trabaja de la mano con el Ministerio de Educación, que ha logrado la consecución de $5,4 billones para las universidades públicas en 2019.
En particular, al desglosar las necesidades financieras en torno a la infraestructura, el monto puede llegar a $10,8 billones. El mayor gasto contemplado está en el fortalecimiento de las áreas académicas y administrativas, además de adecuaciones para personas con movilidad reducida y cumplimiento de normas de sismo resistencia. Estas necesidades suman $9,9 billones.
Adicionalmente, se deben tomar los requerimientos de las instituciones para una actualización de su infraestructura en Tecnologías de Información y Comunicaciones, como mejoras en internet, mejores redes de voz y sistemas de información. Esto tendría un costo cercano a los $605.057 millones. Otro rubro que suman las universidades tiene que ver con los recursos de apoyo académico, como son equipos de cómputo, laboratorios, y bases de datos, los cuales se calcularon en $344.766 millones.
En el caso de la Pedagógica, por ejemplo, son 52.173 metros cuadrados destinados para su funcionamiento, de los cuales casi 90% son propios. Aun así, a pesar de inversiones por $7.000 millones en los últimos años, se estiman necesidades por $200.000 millones para adecuar edificaciones y actualización tecnológica.
El rector de la Universidad de Caldas, Alejandro Ceballos, explicó que, “básicamente, el déficit de infraestructura puede ser tan grande como uno quisiera”, aunque reconoció que hay necesidades que se han ido aplazando, pues los recursos de inversión se han ido trasladando a gastos ordinarios.
“En Caldas podría decir que tengo necesidades que bordean los $100.000 millones en infraestructura, pero hay que considerar que terminamos de terminamos de construir el Centro Rogelio Salmona, que aumenta los metros cuadrados de la universidad, hay unas inversiones que se han hecho, pero hay otras necesidades”, destacó el rector.
A pesar del balance exhibido por el SUE, hay casos más críticos, como el del Colegio Mayor de Cundinamarca, que no posee una sede propia y debe asumir gastos de arrendamiento para funcionar.