Las secuelas de los bonos agua en las obras seis años después

Desde 2012, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Apoyo  Fiscal del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda, se encendieron las alarmas por la falta de diseños y estudios para los proyectos de acueducto.  La Contraloría General de la República realizó un seguimiento y advirtió, en 2013, de la necesidad de desembolsar recursos adicionales por el incremento en los costos operativos, que para esa fecha, ascendían a $6.157 millones, equivalentes a 1,6% del total de los créditos solicitados.  

El salvavidas les llegó a los 117 municipios en 2014, luego que el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) hicieran una operación de descuento para recomprar la deuda de los municipios y ofrecer una mejor tasa, teniendo como garantía para Findeter los recursos que la Nación gira en el Sistema General de Participación. Esta operación del Gobierno, sumada a la aprobación de la Asamblea de tenedores de bonos que administraba Alianza Fiduciaria, suavizó el problema, desde el lado financiero, a los municipios endeudados.  Según Findeter, hasta el momento y debido a la garantía de la deuda, los 117 municipios han cumplido con sus obligaciones de desembolso. 

¿Y las obras?
En el análisis fiscal que hizo la Contraloría General de la República encontró 18 hallazgos en 12 municipios por la indebida ejecución de estos recursos.  

Sin embargo,  ni el organismo de control ni el Gobierno Central tienen un seguimiento de lo ocurrido con esas obras.  

LAR consultó a la Contraloría sobre el seguimiento a los hallazgos presentado en 2013, a lo que respondió  que “no hay ninguna actuación nueva sobre el tema de los bonos de agua. Algunos hallazgos de  auditorías y actuaciones anteriores hacen curso en Investigaciones Fiscales, pero tienen reserva”. 

En diálogo con LAR, la viceministra de Agua, María Carolina  Castillo, explicó que “las obras son de 18 municipios. El Ministerio de Vivienda no le hace seguimiento a esos proyectos porque son recursos propios. Nosotros hicimos el levantamiento de la información, la denuncia ante la Fiscalías y el Ministerio de Hacienda, que dio como resultado la recompra de esa deuda”.   

La viceministra aclaró que si bien en los 117 municipios había retrasos  en la ejecución de los proyectos y demoras en los pagos, eran obras que se estaban ejecutando. Sin embargo, en 18 municipios, que son los más críticos, y en los que se encontraban casos como el de Buenaventura, la funcionaria señaló que se hicieron advertencias de giros  de recursos sin tener un contrato de obra.  Castillo agregó que en el caso de Buenaventura empezaron un acompañamiento técnico al Distrito y “hoy los proyectos asociados al esquema de redes de Buenaventura, que son 38 contratos, están entregados y saneados 35, de esos quedan tres con problemas”.  

Este municipio se endeudó en $43.755 millones y comprometió en un 80% sus recursos del SGP.    Los otros municipios donde el ente de control encontró hallazgos fueron Bello; Tarazá; Polo Nuevo; Santa Catalina; San Estanislao; Valledupar; San Carlos; Soacha; Pedraza y San Onofre. Sumadas las deudas de estos diez municipios, alcanzan más de $92.000 millones. 

El resultado de esta operación que inició como una alternativa de conseguir recursos en el mercado de capitales, deja finalmente muy difícil que se puedan realizar otras estructuraciones de bonos.  De acuerdo con Daniel Escobar, director de investigaciones de Global Securities, “aunque hubo varias obras que no se hicieron o se completaron, los avances de obras bajo ese esquema fueron mejores que cuando se hacían con un financiamiento público directo. Sin embargo, para el inversionista el riesgo que genera este tipo de bonos es que los alcaldes que sean elegidos después de la operación quieran quitarse de encima esas obligaciones y eso no da ningún tipo de confianza”.  

Gobierno y mercado coinciden en que una nueva emisión de este tipo de bonos tiene pocas probabilidades de tener buena acogida y éxito entre los inversionistas.   
Así arrancó la novela de bonos “Carrasquilla”

En 2009 fue creado el Grupo Financiero de Infraestructura, conformado por Alianza Fiduciaria y Konfigura Capital Ltda, firma del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El Grupo Financiero organizó y estructuró el sistema “Bonos de Agua” con el objetivo de recaudar $440.000 millones en cuatro emisiones destinadas a financiar proyectos de inversión, que en su mayoría presentaron retrasos.

Las opiniones

Daniel Escobar
Dir. investigaciones económicas Global Securities
“El mercado financiero considera que hay un riesgo alto con estos bonos y es poco probable que se tenga éxito en una nueva colocación”.

María Carolina Castillo
Viceministra de  agua
“¿Qué pasa con las obras?, son de 18 municipios queel Minvivienda no le hace seguimiento a esos proyectos porque son recursos propios”.