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Precisó que son 14 cierres financieros definitivos para obras de carreteras de cuarta generación que representan $20 billones.
El sector de la infraestructura ha sido uno de los más afectados por la corrupción en los últimos años, sin embargo, para Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, no se pueden cancelar o detener los proyectos por este flagelo, pues implica un impacto social y económico que no son tomados en cuenta por las entidades que toman las decisiones.
La declaración la dio en el marco del XV Congreso Nacional de Infraestructura, durante el panel “Desafíos Financieros”, en el que participaron también Santiago Castro, presidente de Asobancaria y Manuel Quinche, socio de Brigard & Urrutia, quienes expresaron estar de acuerdo con Clemente.
Para el abogado Quinche, los desafíos del sector radican en la seguridad jurídica a nivel estructural y contractual. En este sentido, indicó que las nulidades de los proyectos afectan al Estado, que en últimas perjudican a los contribuyentes. Por esto, el experto expresó que hay una distribución inadecuada del riesgo.
“Liquidan los proyectos y el que sale a pagar es el Estado. Detener un proyecto implica despedir a los trabajadores que son de la zona, es decir hay que tener en cuenta el daño colateral que pasa cuando se detiene un proyecto. Cada caso de corrupción no puede tener una ley, hay que mejorar las leyes a nivel estructural”, expresó Quinche.
Igualmente, Clemente Del Valle precisó que son 14 cierres financieros definitivos para obras de carreteras de cuarta generación que representan $20 billones. Se espera que para diciembre se concrete otro para un total de 15 cierres por $22 billones.
Castro indicó que la banca local participa en 39% de estos cierres, sin embargo, debido a la inseguridad jurídica solo Bancolombia, Davivienda y Bbva están implicados.
