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Inversión por municipio será de $860 millones.
Con la firma del primer acuerdo entre el Gobierno y 29 alcaldes para mejorar las condiciones de movilidad y reactivar la economía en sus regiones, a través de los convenios para construir vías terciarias, se ratifica la necesidad que tiene el desarrollo de la infraestructura vial en las áreas rurales y su incidencia en el crecimiento de la economía.
El Gobierno anunció una inversión de $1,3 billones que serán destinados a la rehabilitación de por lo menos 3.000 kilómetros de vías terciarias y al mantenimiento rutinario de cerca de 11.000 kilómetros. En la fase inicial de esta estrategia se contempla la intervención en 51 municipios y zonas veredales que han sido afectados por el conflicto y que cuentan con pocas oportunidades de desarrollo, a través del mejoramiento de las condiciones de accesibilidad básica en 50 kilómetros de vías rurales por municipio. Con este esfuerzo se busca conectar estas zonas con una vía principal, generando oportunidades de desarrollo económico y nuevas fuentes de empleo.
Para alcanzar esta meta se inició la suscripción de los primeros convenios entre la Nación y los municipios, que representan inversiones por $50.000 millones.
Durante más de dos décadas, CAF -banco de desarrollo de América Latina- ha acompañado a los países de Latinoamérica en el desarrollo de su infraestructura. En Colombia la institución está comprometida con el desarrollo rural integral por lo que resulta fundamental propiciar la conectividad permanente de las zonas, facilitando el acceso de la población a servicios esenciales como salud y educación y brindando fuentes de ingresos mediante la apertura de mercados adecuados a sus productos.
El reto está en desarrollar soluciones que garanticen la disponibilidad de infraestructura en el nivel local. En ese sentido, la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias cumple con el objetivo de implementar acciones que propendan por el desarrollo local.
Para que estas soluciones tengan resultados definitivos y un impacto social real, es necesario que las inversiones que se realicen consideren los elementos de adaptabilidad al cambio climático, riesgos naturales y seguridad vial, a la par de distintos proyectos sociales y productivos.
En ese sentido, CAF ha ofrecido un apoyo decisivo a Colombia por medio de cooperaciones técnicas, como el financiamiento de estudios que sirvieron de insumo para el Conpes de vías terciarias, además de consultorías de apoyo al Ministerio de Posconflicto para la definición de acciones para el desarrollo rural y el levantamiento de la metodología de recuperación de vías con participación comunitaria. Así, se otorgó cooperación para el MinTransporte para socializar e implementar la primera fase de vías terciarias en el grupo de municipios priorizados en esta etapa.
Durante 2000 y 2001 CAF también apoyó al Gobierno en la ejecución de programas de inversión en la red regional y en zonas de conflicto con proyectos como Vías para la Paz (I y II), en el cual se aprobaron US$362 millones de financiamiento para obras de rehabilitación, construcción y manejo ambiental para garantizar la transitabilidad entre las zonas afectadas por cultivos ilícitos, conflicto armado y los grandes centros de consumo de alimentos y materias primas.
Este capital se destinó a la construcción de 700 proyectos, entre puentes, mejoramiento y construcción de la red vial, pistas de aeropuertos y muelles en 25 de los 32 departamentos del país. De allí podemos destacar logros como las carreteras en Guaviare, Arauca, Bolívar, la pavimentación de pistas de aeropuertos en Chocó, puentes en Antioquia, entre otros.
Con este nuevo plan, y donde la inversión por municipio es de $860 millones aproximadamente, estamos seguros que se logrará un impacto en acceso, oportunidades de desarrollo empresarial, competitividad y crecimiento económico.
El compromiso de CAF como institución líder en el financiamiento de infraestructura en América Latina es que este apoyo al desarrollo rural tenga como eje una agenda integral, centrada en la inclusión social y productiva, la sostenibilidad ambiental y la reducción de las brechas entre las oportunidades que se generan en el campo y la ciudad.
