El ocaso de la factura electrónica en papel

Con el nuevo año, las empresas colombianas deberán reducir de forma gradual el porcentaje de emisión de facturas en papel. El pasado primero de enero entró en vigor la nueva normativa de la Dian, que cifra en 30% el máximo de facturas en formato no electrónico que podrán emitir las empresas en 2020.

La nueva norma se enmarca en el programa de implantación general de la factura electrónica impulsado por la Dian con un doble objetivo: mejorar la recaudación fiscal, evitando el fraude, y mejorar la gestión de las empresas y, con ella, impulsar el crecimiento de la economía colombiana.

La Dian reducirá progresivamente este porcentaje de facturas en papel. Así, en 2021 las empresas solo podrán facturar no electrónicamente 20% de sus facturas y, en 2022 el porcentaje se reducirá a 10%. De esta forma, las empresas colombianas podrán tener un control más efectivo de su facturación.

Actualmente, la Dian tiene habilitadas las facturas en papel como documentos válidos para requerir deducciones de gastos o impuestos, pero, desde este año, el único formato validado para esas deducciones será la factura electrónica. Esta medida es un claro incentivo para impulsar aún más el uso del formato electrónico, pieza clave para aportar transparencia y eficacia a la actividad económica en el país y al control fiscal.

El uso de la factura electrónica en Colombia tiene validez legal desde que, en 1995 la Dian publicara la Ley 223. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando publicó el Decreto 2242 e introdujo un nuevo modelo de facturación electrónica, que, posteriormente, en 2016, con la publicación de la Ley 1819, impulsaría a través de la masificación y uso obligatorio de la e-factura en todos los sectores económicos del país.

Con ello, se materializaba la obligatoriedad de uso de la factura en Colombia y se indicaba la futura publicación del calendario de obligados y sus siguientes modificaciones.

Según un estudio elaborado por Seres, el primer país en hacer obligatoria la facturación electrónica en Latinoamérica, para determinadas actividades o por tamaño de empresa, fue Argentina en 2007, le siguieron la mayoría de los países de la zona que, paulatinamente implantaron diferentes modalidades de obligación. Como ejemplos de este éxito destacan los casos de México o Brasil en los que la factura electrónica es utilizada en prácticamente todos los actores económicos de cada país.

La factura electrónica también es obligatoria en las relaciones entre empresas y administraciones (B2G) en la Guayana Francesa, Guadalupe y Martinica, donde se aplica la misma normativa de facturación que en Francia.
En el resto de Latinoamérica, son varios los países que cuentan con la obligación de uso de la factura electrónica en todas sus transacciones; lo que ha permitido mejorar la gestión tributaria y las relaciones empresariales a nivel internacional.

Entre estos se destacan: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Honduras, Martinica, México, Perú y Uruguay.

En cambio, algunos países de la región, aunque, a día de hoy, el uso de la e-factura no es obligatorio, se está trabajando en la implantación de este tipo de sistemas de facturación. Ejemplos de esta situación son Paraguay, El Salvador, República Dominicana y Venezuela.

Otros territorios, como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todavía trabajan con una visión primitiva de la facturación electrónica, en la cual, envían la factura en formato PDF al Área de Contabilidad Central de Gobierno, además, de presentar la factura en formato físico.

Sin embargo, y a pesar de las múltiples ventajas que aporta el uso de la factura electrónica, todavía existen en Latinoamérica algunas regiones que no usan la factura electrónica en sus relaciones comerciales. Entre estos territorios se destacan: Belice, Cuba, Haití, Nicaragua, San Bartolomé y San Martín.