Facturación electrónica: una fórmula gana-gana

Si bien el concepto se ha escuchado con insistencia en el último año, la verdad es que la mayoría de los ciudadanos, algunas empresas y algunas entidades del Estado, no han dimensionado la revolución por la que estamos transitando con la incorporación y puesta en marcha de la facturación electrónica. Esta es una iniciativa gubernamental que pretende que todos los contribuyentes en el país comiencen a facturar de manera electrónica a partir del 1 de enero de 2019. Las empresas pueden hacer sus propios desarrollos tecnológicos y certificarse o, como es usual, contratar a un proveedor certificado en este servicio ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

A nuestro juicio, la falta de entendimiento por parte de la mayoría los involucrados ha derivado en que esta implementación esté siendo lenta. De hecho, no creemos que los plazos establecidos, el 1 de septiembre para grandes contribuyentes y el 1 de enero para todos los contribuyentes, se vayan a cumplir.

Lo perentorio de los tiempos y otras consideraciones que paso a exponer hacen que escoger a su aliado para realizar este proceso sea una decisión crítica y estratégica, no se trata de un asunto estrictamente normativo, por el contrario, para que los beneficios en los procesos corporativos se materialicen en el corto y mediano plazo, es necesario que ese aliado tenga la idoneidad tecnológica, la reputación y el respaldo, para sustentar esa operación.

Exploremos, pues, cuáles son algunas de las enormes ventajas que tiene este proceso para las empresas, el Gobierno, los reguladores y los ciudadanos. Sin duda, uno de los más importantes tiene que ver con la modernización de las empresas, lo cual se traduce en eficiencia, reducción de costos y ahorro de tiempos, tres aspectos de innegable relevancia en el mundo de los negocios de hoy. De este, también se desprende la facilidad para desarrollar procesos de formalización empresarial, que han estado siempre asociados a procesos tediosos para las partes y que ahora, con el uso de la tecnología, se pueden hacer eficientemente. De igual manera, una vez una empresa, indistintamente de su tamaño, incorpore este sistema, podrá encontrar nuevas fuentes de financiación, dada la permanencia en línea en un sistema permanente monitoreado y consultado.

Pero como decíamos, los beneficios no son exclusivamente para los empresarios. Nos atreveríamos a decir, ahora que tanto se habla de herramientas efectivas para luchar en contra de la corrupción, que la facturación electrónica es un instrumento que cualquier política en esa materia debe incluir. La transparencia, veeduría y control en tiempo real por parte del aparato estatal y el propio empresariado es garantía de que este sistema cierra, en un porcentaje alto, la puerta a cualquier procedimiento opaco de parte de los agentes del sistema. De la misma manera, el Estado tendrá la posibilidad de aumentar la captura de recursos que están hoy por fuera del sistema; un incremento en este rubro, siempre es una buena noticia para cualquier Estado.

De modo que estamos ante un proceso verdaderamente transformador, en el que las empresas deben elegir de manera juiciosa a su aliado, para que más allá del cumplimiento normativo, este impacte de positivamente a su negocio.
Por último, el Estado debe trabajar de manera más acelerada y articulada para que asuntos como la licitación pública para la adjudicación del Registro de Facturas Electrónicas, que está ya en mora, se realice prontamente, debido a que es la piedra angular de todo este andamiaje, que cuando esté en pleno funcionamiento redundará en beneficios reales para todos los ciudadanos y se refrende su razón ser, una fórmula gana-gana trascendental para el gobierno y para todos en el mundo de los negocios.