"Seguimos con una cultura de presencialidad y de control estricto de los trabajadores"

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La pandemia ocasionada por el covid-19 hizo que las modalidades de trabajo a distancia crecieran exponencialmente como consecuencia de la política de aislamiento para controlar la propagación del virus.

Sin lugar a dudas, las empresas y organizaciones tuvieron el gran reto de modificar sus sistemas de negocio, pues no se encontraban preparados a nivel de infraestructura para enfrentar los retos.

Para poder implementar el trabajo a distancia en todas las ciudades, existen tres principales dificultades que hay que revisar en detalle. En primer lugar, existe una brecha digital muy acentuada que impide la conectividad y que condiciona la ejecución de las diferentes modalidades, pues según cifras de MinTic mientras que, en Bogotá, por cada 100 habitantes, hay 27,52 accesos de internet fijo; Amazonas, Vichada y Vaupés, no superan los 1,73 accesos por la misma cantidad de personas.

En esa línea, para Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, un segundo reto que se debe tener en cuenta es que continuamos teniendo una cultura de presencialidad y de control estricto de los trabajadores enfocada en la disponibilidad más que en los resultados, lo cual “dificulta mucho ese tránsito de las modalidades de trabajo a distancia”.

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Adicionalmente, Jaramillo agregó que existe una renuencia de los trabajadores en los espacios de trabajo a distancia, pues “se diluyen las fronteras entre las actividades de cuidado personal y familiar con las actividades laborales”, lo que contribuye a que exista hiperconexión y disponibilidades exacerbadas de los empleados.

Del mismo modo, además de los problemas de infraestructura, el experto indicó que las políticas públicas deben estar enfocadas a orientar al sistema productivo más allá de la disponibilidad, buscando otro tipo de factores como los resultados y, de esa manera, mejorar los derechos del trabajador que está migrando a las diferentes modalidades de trabajo a distancia que se encuentra en la legislación para evitar una conexión superior a la que debería tener según la ley cada empleado.