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Por estos días se viene agitando el tema del posconflicto, su costo; y se discute si los recursos necesarios para ejecutarlo están presupuestados o no.
Es entendible que a medida que se avanza en la evacuación de la agenda de La Habana (ya van negociados tres puntos cuyos contenidos han sido profusamente divulgados), o sea, ahora que la posibilidad de alcanzar la paz se empieza a ver como algo alcanzable y factible, el debate sobre la financiación del posconflicto comienza a salir a flote.
Primero que todo, comencemos por definir qué es y cual es el marco temporal dentro del cual se hace necesario visualizar el llamado posconflicto.
Al firmarse la paz y al entregarse las armas por parte de la subversión, lo atinente con el posconflicto apenas comenzará. Se ha entendido que este podría ser un periodo de tiempo de entre ocho a diez años, a partir de la firma de los acuerdos de paz.
Es decir, el tiempo necesario para darle aplicación practica a lo que sean los compromisos adquiridos, que ya empiezan a delinearse con bastante claridad, como puede verse a partir de los textos que han sido divulgados.
Si estamos hablando de un periodo de tiempo de entre ocho a diez años a partir del momento en que se firme la paz, es evidente que al día de hoy no tienen porque estar ni presupuestados ni en caja los fondos públicos que demandará la implementación del posconflicto.
Lo que sí sabemos desde ahora es que estamos hablando de sumas muy cuantiosas, que aunque aún no han sido cuantificadas al centavo, ya empezamos a tener una cuantificación gruesa de ellas.
Para el solo componente del posconflicto rural -que será probablemente el más costoso de todos- se barajan cifras que fluctúan entre $80 billones y $100 billones (para todo el periodo del posconflicto)
Es decir, que si pensamos en un periodo de diez años para ejecutar los cometidos del posconflicto, estaríamos hablando de que anualmente habría que invertir, ahí sí vía los presupuestos anuales, algo entre $8 billones a 1$0 billones por año. Suma inmensa, pero no imposible.
Seria algo así como dedicar a los fines del posconflicto una suma anual, durante una década, equivalente a lo que hoy se recauda anualmente por el impuesto al patrimonio. Téngase en cuenta que esta cifra será adicional a lo que ya hoy es el monto de las inversiones que viene ejecutando normalmente el Estado.
Cuando se revisa el punto número uno de lo acordado en La Habana nos encontramos con el compromiso de ejecutar diez planes sectoriales concretos de asuntos relacionados con el desarrollo rural, y la oferta formal de parte del Gobierno, que no por lo escueta es menos rotunda, que dice textualmente: “el Gobierno se compromete a asegurar la financiación de todos los compromisos derivados del presente acuerdo”.
O sea: el compromiso es inmenso, pero no inabordable. Y en todo caso su costo será menor que continuar con una guerra indefinida.