La ética de la política pública se dilucida al analizar el impacto de las acciones del Estado en la sociedad, las implicaciones en las decisiones de las autoridades públicas responsables, lo que hacen o dejan de hacer, los porqués de esto, y los cómos o medios utilizados para determinado fin público. En general, resolver demandas ciudadanas legítimas que deben propender por el mayor bien común.
Cada etapa del ciclo de política pública: identificación del problema, formulación de soluciones, selección de alternativas, implementación y evaluación, tiene una injerencia y rol particular en lo perversa o virtuosa que ésta pueda resultar, sobre lo cual destaco que la calidad del tratamiento recibido en las dos primeras fases, resulta determinante para establecer la calificación por área de gestión.
Si se define un problema bien: sus causas, afectados y dimensión -pero además se establece un plan efectivo para enfrentarlo que incluya objetivos y prioridades eclécticamente escogidos y especificados, con recursos para lograrlos y con los riesgos, costos y beneficios que representan-, se podrá garantizar el virtuosismo en las etapas subsiguientes. Sin embargo, la toma de decisiones apresurada y muchas veces subordinada a intereses particulares, así como el protagonismo y amaño propio al ejecutar, más la deficiente evaluación, las postran en la perversidad.
La ética de la política pública se sustenta en los principios clásicos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, e igualdad. Autonomía que respete la diversidad y fomente la tolerancia, haga uso benéfico de la ciencia y tecnología, evitando daños ó perjuicios de cualquier índole, pero además sin discriminar y con equidad. Sin embargo, la gestión pública está plagada de ineficacias e ineficiencias que van en contravía o neutralizan los principios antes descritos.
De ahí “la importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas” como bien lo dice Mauricio Merino (Revista del CLAD, Reforma y Democracia, Junio 2008), incluirla de forma sistemática y deliberada, que evite favorecer el interés privado o externalidades negativas en la definición de la agenda pública, siendo esta crucial para el éxito o fracaso de la política pública, “pues aún cuando todos los actores involucrados en una decisión del Estado actúen de manera moralmente impecable, la ausencia de referencias explícitas a la ética produce desviaciones y fracasos irreparables en la selección de los problemas y cursos de acción elegidos”.
Por lo tanto y conforme a Moritz Schlick en el capítulo “¿Qué pretende la ética?” del libro “El Positivismo Lógico” (1959), “la ética sólo busca conocimiento”, vale decir, está por la verdad y para la verdad, en procura de la política pública que sea llamada a convertirse en política de Estado para el bienestar general y universal.
Al respecto conviene recordar algunos de los apartes de la obra de Emmanuel Kant “Sobre La Paz Perpetua” (1795), que resalto a continuación: “si todo lo que ocurre y puede ocurrir es simple mecanismo natural, entonces la política es el arte de utilizar ese mecanismo como medio de gobernar a los hombres y el concepto del derecho es un pensamiento vano. Pero si se cree que es absolutamente necesario unir el concepto del derecho a la política, entonces hay que admitir que existe una armonía posible entre ambas esferas. Ahora bien; yo concibo un político moral, es decir, uno que considere los principios de la prudencia política como compatibles con la moral; pero no concibo un moralista político, es decir, uno que se forje una moral ad hoc, una moral favorable a las convivencias del hombre de Estado.”
Continua Kant, “la verdadera política no puede dar un paso sin haber previamente hecho homenaje a la moral (ética). La política, en sí misma, es un arte difícil; pero la unión de la política con la moral no es un arte, puestas pronto como entre ambas surge una discrepancia, que la política no puede resolver, viene la moral (ética) y zanja la cuestión, cortando el nudo. El derecho de los hombres ha de ser mantenido como cosa sagrada, por muchos sacrificios que le cueste al poder denominador. No cabe aquí componendas; no cabe inventar un término medio entre derecho y provecho, un derecho condicionado en la práctica. Toda la política debe inclinarse ante el derecho; pero, en cambio, puede abrigar la esperanza de que, si bien lentamente, llegará un día en que brille con inalterable esplendor.”
