Como lo he dicho en esta columna, estimo que la llamada inversión greenfield es el medio más expedito para fortalecer democráticamente nuestro mercado de capitales, y por ende, alcanzar el desarrollo equitativo sostenible y sustentable. Al respecto, vale la pena revisar la definición de este novedoso concepto, para luego ver qué tanto hemos avanzado y entonces trazar derroteros que optimicen su uso.
La inversión greenfield es una forma de inversión extranjera directa en la cual la matriz de una empresa comienza un nuevo emprendimiento en un país extranjero, para lo cual construye nuevas instalaciones operacionales y también crea puestos de trabajo mediante la contratación de nuevos empleados, esto sin erosionar; por lo cual se opone a la inversión brownfield, es decir a la que es contaminante.
Los países en desarrollo a menudo ofrecen a las inversiones greenfield exenciones tributarias y otro tipo de incentivos para que se establezcan en sus territorios, con gobiernos que saben que el sacrificio en los ingresos por los impuestos a las sociedades es un precio bajo a pagar si se crean puestos de trabajo, adicional al conocimiento y la tecnología adquirida que aumenta el capital humano del país.
Las inversiones greenfield se diferencian de otras formas de IED como las fusiones y adquisiciones, sea para integración horizontal o vertical, que buscan ampliar mercados, garantizar insumos y/o mejorar la eficiencia. Generalmente son inversiones en nuevos sectores productivos, por lo cual es necesario identificar claramente todas y cada una de las variables que inciden en cada nueva apuesta.
Sobre esto reitero la importancia de utilizar el escáner de política pública para la innovación que diseñé, que con criterios objetivos determina el impacto de cada posible inversión greenfield, de forma tal que las respuestas de política sean acertadas, fundadas en la mejora continua de la racionalidad en la forma y fondo como interviene el Estado para favorecer el despliegue industrial.
Vislumbrar claramente el mercado donde operará cada inversión greenfield, los eslabones en la cadena de valor donde participará, la generación de mano de obra calificada, las consecuencias ambientales, la integración entre el capital emprendedor internacional con el nacional, el estadio en el continuum del capital; son algunas variables que resulta vital considerar en éste propósito.
Sin embargo, pese a los avances sobre protección a las inversiones extranjeras, la dinámica de las inversiones greenfield que llegan a nuestro país, aunque resulta satisfactoria para algunos, la verdad es insuficiente no solo en cuantías, sino ante todo en diversidad de sectores productivos, la gran mayoría de los existentes, que son terrenos vírgenes, absolutamente congruentes con la inversión greenfield.
Además, según el abogado Néstor Humberto Martínez Neira, en Colombia “no hay ambiente de seguridad jurídica para los negocios”, posición puesta de presente en entrevista concedida a este medio el pasado abril, donde informó que importantes grupos económicos que habían decidido consolidar sus inversiones en nuestro país, desistieron por la última reforma tributaria, entre ellos Procter & Gamble.
Esto se torna neurálgico al considerar el diagnóstico de la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba Garcés, quien expresó el mismo mes en estas páginas que “el sistema tributario colombiano no genera incentivos para invertir”, pero además enfatizó, “no se puede seguir produciendo más de lo mismo y mucho menos de la forma como se ha venido haciendo por décadas”.
De la misma manera, el presidente de Anif, Sergio Clavijo Vergara, manifestó acá en su columna del 5 de junio en curso, que “hasta la fecha el país no ha logrado atraer proyectos cero kilómetros con tecnología de punta”. Lo anterior muestra que hay claras coincidencias en lo que debemos hacer respecto de la inversión greenfield, el dilema está en el cómo y para eso propongo al mencionado escáner.
No basta con firmar TLC y alianzas, si no hay la disposición y voluntad de lograr metas muy concretas sobre la atracción de la inversión correcta, lo cual requiere tener muy bien sincronizado, alineado y aceitado el engranaje de herramientas y dispositivos de política pública, que sea explícita y cumpla con lo planeado, para así maximizar las OPA y cerrar las brechas que modernicen la economía.
