A los gobernantes les cuesta mucho hacer obras

Los gobernantes en general, alcaldes, gobernadores y el Presidente con sus ministros, deben ayudar a la sociedad a pasar las distintas etapas que llevan al desarrollo, ir paso a paso, a través del camino del bienestar y la mejor calidad de vida, y en cada una de esas fases, pasos o etapas, deben contribuir a disminuir las precariedades.

Colombia es aún un país muy precario en materia de infraestructuras que tienen que ver con las obras públicas; es un país sin puertos eficientes, con aeropuertos pequeños y desconectados entre sí, no hay una red de autopistas enfocadas en el comercio exterior, ni buenas vías secundarias y terciarias conectadas unas con otras que dinamicen las economías territoriales o les brinden oportunidades de progreso.

Los distritos de riego son obsoletos o inexistentes en regiones productivas, y ni qué decir de la baja calidad en los servicios de comunicaciones vía internet y teléfonos celulares. Eso sí, todos los gobernantes son muy hábiles en construir presentaciones en Power Point, renders, maquetas y demás ayudas gráficas y virtuales para sus discursos solo encaminados a seducir electores y medios de comunicación.

Si se hace un corte de cuentas, un estudio comparativo, o el más mínimo análisis de las herencias en obras públicas de los 1.103 alcaldes, los 32 gobernadores y los últimos presidentes, el resultado dictará que son muy escasos los avances en reducir la brecha en infraestructura.

La teoría que manejan los ministros de Hacienda siempre es la misma, muy macro, solo se fijan en las asignaciones presupuestales, en la llamada destinación, pero chocan sus estrategias de equilibrio fiscal cuando se dan cuenta de que ese dinero público no se ejecutó o terminó en elefantes blancos investigados por los contralores.

No es una exageración decir que los gobernantes no saben hacer obras públicas, saben diagnosticar, identificar, entregar, licitar, pero no hacen seguimiento a que las costosas obras se entreguen al servicio de las personas en condiciones. Hay pocos avances reales qué mostrar; los jefes de las carteras respectivas solo son buenos rotulando las ideas: 4G, 5G o megaobras, pero al final no se hacen o se entregan muy distintas en la realidad versus lo contratado.

Es toda una tragedia que compromete a las empresas constructoras, a las facultades de ingeniería civil, e incluso a los bufetes de abogados que estructuran las licitaciones, quienes son muy hábiles elaborando complejos tribunales de arbitramento, ante la no ejecución de las obras, más que ofrecer bonos en beneficio de las prontas entregas.

Ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que para el segundo trimestre de 2023 se destinarán unos $3 billones para carreteras y vías terciarias, con el objetivo no solo de dotar a las regiones de una mejor infraestructura, sino de reactivar la economía, dado que la obra pública es uno de los principales motores de la economía y una de las herramientas para generar empleo y lograr que la economía este año crezca más allá de 1,5%. “Ahora viene una gran inversión.

En obras públicas, ya tienen los recursos para que haya cierre financiero y se resuelva una serie de tramos que se deben comenzar a construir. Y en vivienda, ya en los subsidios de cuota inicial y de tasa de interés se puede hacer cierre financiero y entrega de los inmuebles”. Ojalá esas buenas intenciones no se queden en el aire ante la pésima ejecución.