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La carne colombiana no tiene estatus sanitario para ser exportada, pero a nadie le preocupa a calidad de un producto que pesa en la canasta
Colombia es uno de los pocos países latinoamericanos en donde la carne no es un gran producto de exportación, es más, solo se vende a unos pocos países del Medio Oriente y a Rusia, especialmente, que es el principal comprador -o lo era para mayores señas- pues la semana que termina decidió suspender la compra por los reiterados brotes de aftosa que van creciendo a lo largo y ancho del país y que obligaron a las autoridades competentes a quitarle el estatus sanitario. Colombia fue retirado de la lista de países libres de aftosa de la Organización Mundial de Sanidad Animal como consecuencia de la pobre vigilancia de esta letal enfermedad que ataca al ganado y que se cierne como una amenaza para los productores. Una situación similar ocurrió el año pasado con iguales consecuencias para el mercado exportador bovino, que este año asciende a solo 17.227 toneladas de carne y preparados por un valor cercano a US$68 millones, cifra insignificante en el monto exportador, pero de difícil maduración. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, inició una suerte de diplomacia sanitaria para mantener los mercados abiertos al producto.
Pero el mayor problema no es para los mercados externos, en donde se han cerrado las puertas, y abrirlas de nuevo puede durar más de un año, el verdadero problema es para el consumo local, pues hasta ahora las autoridades sanitarias no se han pronunciado sobre el peligroso asunto; nadie da respuestas concretas sobre la calidad de la carne que se consume. No sobra recordar que el peso de la carne en la canasta familiar es 4,7% y que la segunda proteína más consumida por los colombianos es la carne de res, que sigue al pollo en la lista. Es la primera vez que reaparece la aftosa en casi una década, por lo que hay un S.O.S. real sobre la procedencia de la carne que se consume en Colombia. Los principales focos de la fiebre se han detectado en el último año en Cundinamarca, Boyacá, Arauca, Casanare y La Guajira.
El gremio más antiguo de ganaderos, Fedegán, es consciente del problema y ha puesto el dedo en la llaga: el objetivo es identificar las zonas y los predios en donde hay brotes para hacer una trazabilidad de vacunaciones. Recordemos que esta tarea la realizaron los mismos ganaderos por más de dos décadas, pero durante la administración Santos pasó directamente al ICA, una entidad pública, politizada y de mínimo carácter técnico o científico, situación que podría ser el foco del problema, pues nadie se ha responsabilizado de la situación, al tiempo que nadie habla sobre la calidad del producto que se consume en las familias. El Invima ha brillado por su ausencia y no ha salido a dar sus recomendaciones o a hacer advertencias.
Un problema silencioso que no ve solución a corto plazo es la situación de informalidad que viven las plantas de sacrificio en todo el país, informalidad que se presta para incrementar el abigeato y la mala calidad de la carne. Se intentó formalizar el mercado con el Decreto 1500 que generó el cierre de 40% de las plantas de sacrificio del país, pero no se avanzó en la formalización de este servicio. En pocas palabras, se cerraron los mataderos en malas condiciones, pero no se brindaron plantas de sacrificio modernas y formales para satisfacer la demanda local, situación anómala que tiene como consecuencia el robo de ganado y la venta de carne en mal estado en tiendas de barrio y supermercados sin control del Invima ni de ninguna autoridad.
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