Al congelador la reforma pensional

Mucho se habla de las grandes reformas que necesita la economía colombiana para ser más competitiva, pero sobre todo para generar mayor crecimiento que genere bienestar, reduzca la pobreza y logre avanzar en la senda del desarrollo. En la agenda de todos los gobiernos (especialmente cuando son candidatos) siempre se habla de las mismas: reforma tributaria estructural, flexibilización laboral, reforma al régimen de regalías, sistema de salud y una reforma el sistema actual de pensiones. Cada uno de estos imperativos se enfrenta de distintas maneras y son abordados por los gobiernos de turno a través de decretos, “reformitas”, o acciones “placebo”, pero sobre todo se aplazan para que sean sus sucesores quienes tengan que solucionar los problemas a raíz cuando son inminentes o no haya recursos suficientes para honrar los compromisos adquiridos por el Estado con los beneficiarios.
Una de las siempre reformas pendientes es la pensional, que dicho sea de paso, ha sido metida al congelador por la ministra de Trabajo, Alicia Arango, hasta 2020, para no hacer algo a la ligera o ejecutar una reforma mediocre que se quede corta frente a las verdaderas necesidades del país. Una decisión más que afortunada y responsable con el país laboral que según el Dane cuenta con más de 22 millones activos en el mercado del trabajo. En Colombia hay muy pocos pensionados: son unos dos millones de personas distribuidos entre 1,7 millones en el régimen público y otros escasos 200.000 -aproximadamente- en los fondos privados. La alarma siempre sonora no es sobre los pocos pensionados que reciben una mesada, es que el grueso de la población colombiana no cotiza para lograr una pensión; máxime cuando en pocos años habrá una buena parte de la población mayor de 60 años que no tendrá pensión para disfrutar en sus años de retiro laboral. No se puede olvidar que Colombia es un país que se envejece y que el llamado bono poblacional que consiste en que los jóvenes le aportan a la pensión de los viejos, se ha deteriorado con mucha rapidez desde los años 90.

Compartimos con interés de país, la idea de la ministra Arango de no abordar un asunto tan complejo a la carrera. Está bien convocar una vez más a otro comité de expertos, ahora llamado “mesa técnica”, para que enfrenten el problema pensional. La última vez que se hizo un trabajo serio y estructural fue en 1993 cuando nacieron los fondos privados de pensiones y se liquidó en parte el sistema público que estaba ligado a la salud; y que ha tenido desde entonces un crecimiento inusitado, amparado por un sistema de competencia muy raro en términos de mercado, que seduce a los jóvenes a cotizar en los fondos privados hasta cuando cumplen, 47 para las mujeres y 52 para los hombres, cuando entonces se ven casi obligados a pasarse para Colpensiones para disfrutar una pensión más alta fruto de los muchos subsidios oficiales que ha obliga al Estado a aprovisionar gran parte del presupuesto para pagar pensiones, incluso muchas veces provenientes de los aún existentes regímenes especiales.

Muy bien por no generar expectativas ni acelerar discusiones económicas profundas sin una hoja de ruta, pero siempre vale la pena insistir en no sacarle el cuerpo a una reforma pensional aplazada por todos los gobiernos y que infla la llamada “bomba pensional”.