¡Al diablo con los tratados de libre comercio!

Por varios años Colombia disfrutó de unas preferencias arancelarias en el mercado estadounidense bajo la figura del Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act, Atpdea, un acuerdo comercial que permitía a Estados Unidos importar sin aranceles productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La idea era hacer que el desarrollo económico llegara a los países andinos, y al tiempo ofrecerle alternativas al cultivo de coca, apoyar la lucha contra el narcotráfico.

Esa política pública estuvo vigente desde agosto de 2002 hasta julio de 2013. En ese momento el tema de la certificación o descertificación era casi que un motivo de orgullo nacional. El Atpdea privilegió algunos productos, que debían cumplir con ciertas condiciones de origen, para abrirles puertas en los estados americanos; ese gesto de buenas relaciones murió en julio de 2013 cuando entraron en vigor los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Perú, acuerdos comerciales y diplomáticos entre estados iguales y promovidos como una panacea en 2007, y así se eliminaron la mayoría de los aranceles.

Hasta ahora, el grueso de la dirigencia gremial y política colombiana creía y juraba sobre una Biblia que los llamados TLC no tenían reversa ni se podían revisar por los gobiernos de turno, pero llegó Donald Trump y mandó los TLC al diablo, es más, poco le importa lo que pueda hacer o decir la alicaída Organización Mundial del Comercio.

Es poco probable que una empresa, un gremio o un sector exportador atomizado se atreva a demandar al Departamento de Comercio estadounidense en tiempos de muro arancelario. No es sino recordar el impasse del presidente, Gustavo Petro, con la deportación de los nacionales ilegales en territorio americano; la reacción de la Casa Blanca fue tan violenta que el mandatario colombiano tuvo que plegarse a recibir a sus compatriotas sin mayores comentarios. Lección aprendida.

Ese episodio ocurrió al final de enero pasado, y Colombia aprendió a la brava que Trump va en serio en repotenciar su economía; en ese momento, Colombia se libró de que sus productos tuvieran aranceles de 25%, incluso de 50%, si seguía reclamando. No le importó al gobierno americano que hubiese firmado un tratado entre los dos países, desde hace más de una década, que supuestamente garantiza que los aranceles no se toquen para el grueso de los productos comercializados.

Trump es un presidente muy práctico y funcionalista y cedió porque su país es superavitario en el TLC con Colombia, es decir, que es más lo que compramos a Estados Unidos que lo que vendemos. El otro mito evidenciado, o expuesto en la trama de los aranceles, es que tiene sentido la idea vista como obtusa de sustituir importaciones, pues eso es más o menos lo que está haciendo Estados Unidos.

Solo en cereales, maíz y soja, los empresarios colombianos dedicados a industrializar el alimento para animales importan unos US$4.000 millones, una cifra nada despreciable en un comercio de US$15.000 millones anuales.

El muro arancelario, como debe llamarse a esta crisis porque de guerra no tiene nada, pues hay países como Colombia que no tienen capacidad de responder, deja muchas lecciones prematuras: la primera es que se debe revitalizar la seguridad alimentaria; que los exportadores tienen que mejorar el precio (a la baja de sus productos), y que los TLC ya no son imperativos.