Alerta roja por el dinero para la infraestructura

Es un viejo modus operandi que el Gobierno de turno identifique dentro del Presupuesto General de la Nación obras precisas de inversión para que el Congreso lo apruebe de manera expedita, pero que con el paso del tiempo, de borrador en borrador y de comisión en comisión, dichas obras de inversión -plenamente identificadas- se conviertan en acciones generalistas, etéreas, sin nombre, con el objetivo de desviar compromisos o desequilibrar elecciones generales, al legislativo o presidenciales.

Es importante saber que en la creación del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones corresponden a topes o autorizaciones máximas de gasto aprobadas por el Congreso, que se deben ejecutar, o comprometer durante una respectiva vigencia fiscal, so pena de incumplir o desviar dinero público lo que es castigado como un delito contra el erario.

Esas asignaciones son auténticos compromisos adquiridos que deben desarrollarse en la vigencia fiscal; las obligaciones son montos adeudados y cuyos pagos son desembolsos correspondientes a contratos con dinero del presupuesto.

La asignación presupuestal permite planificar, dirigir y controlar recursos públicos, con el fin de alejarse de favorecimientos directos. Se ha presentado en los últimos días un gran problema con el destino de billonarios recursos del presupuesto: de los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación para 2024, unos $16,7 billones corresponden a la infraestructura, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública, dinero que ahora aparece con otro rótulo y asignación bastante etérea.

Es muy preocupante que el Gobierno omita en el decreto de liquidación del presupuesto la desagregación de $12,5 billones, parte de los $13,6 billones, dinero que asegura los recursos de proyectos a cargo de Invias y la ANI.

La polémica es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el pago de vigencias futuras no se realizaría de acuerdo a los contratos suscritos, sino por el avance de las obras; lo que para los constructores se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la Primera Línea del Metro de Bogotá, podría quedar en vilo. Ya la Contraloría General de la República entró a terciar en el problema al recordar la importancia de ejecutar de forma efectiva los recursos y de cumplir rigurosamente con el estatuto presupuestal, que dicho sea de paso no puede pasarse por la faja.

Es elemental que el Gobierno Nacional brinde mayor claridad en materia de rubros presupuestales como las partidas globales, especificando su destinación y comportamiento. Hay grotescas irregularidades en el decreto de liquidación del presupuesto de la presente vigencia, las cuales tienen en vilo el destino de $13 billones, recursos que golpearán un centenar de proyectos de inversión. Además, el ente de control plantea la necesidad de acciones contracíclicas, ligadas al gasto público en estos momentos de bajo crecimiento.

Es crucial que el Gobierno respete la ley de presupuesto y vele por los distintos rubros de inversión. Es ilógico que en un Gobierno Nacional en el que brilla por su ausencia la poca ejecución, ahora se le cambie de norte el destino de muchas inversiones y peligrosamente, éstas tengan color político.