Amazonas: en defensa de la última frontera

De los casi siete millones de kilómetros cuadrados que comprende la región del Amazonas en América Latina, medio millón le pertenecen a Colombia, solo uno de los nueve países que comparten intereses en la última frontera más conocida como “el pulmón del mundo”. En hora buena este último bastión de selva tropical ha sido noticia por los incendios naturales, muchos, ocasionados por la mano destructiva de los colonos en casi todos los países. En hora buena porque por fin se les está exigiendo a los gobiernos políticas de conservación. Brasil y Perú tienen la mayor extensión del Amazonas, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana y Surinam. Todos esos países nunca han tenido una hoja de ruta transversal de defensa, desarrollo y sana explotación de esa región. La Amazonía o el Amazonas es la zona de mayor preservación ecológica del planeta y aún cuenta con mayor biodiversidad, pero en todos esos países es más un problema que una riqueza invaluable, tal como la valoran los países más desarrollados.

La región amazónica en Colombia tiene una superficie de 483.119 kilómetros cuadrados y cubre total o parcialmente los departamentos de Putumayo, Vichada, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y, por supuesto, Amazonas. El país ha tenido pocas, pero coherentes políticas de conservación de esta región en la cual funcionan 10 parques nacionales que son zonas de reservas en las cuales no puede haber actividad ganadera, agrícola o minera, pero el gran crecimiento de las poblaciones urbanas de esos departamentos está no solo expandiendo la frontera agrícola, sino asfixiando a una de las mayores riquezas de la humanidad. Y hay buenas noticias que se desprenden de los malos acontecimientos, y es que, tras los incendios en Brasil y Bolivia, hay un despertar regional de los gobiernos por proteger este pulmón ambiental. Por fortuna, quien ha liderado una suerte de incipiente estrategia panregional, es el presidente Iván Duque, un nuevo caballo de batalla ecológico que no solo traerá dividendos para Colombia, sino para el resto del continente.

Proteger la Amazonía no es solo una cuestión de buenas intenciones, sino de mucha tecnología, seguridad y desarrollos sostenible. No se trata de aislar esa región del mundo, se trata de aprender de ella con investigaciones de punta. Las riquezas ocultas aún sin explotar en ese vasto territorio son enormes y pueden cambiar sectores económicos como el energético, el farmacéutico, el agronómico y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tradicional botánica, flora, fauna e hidrología. Es un mundo por descubrir respetando su valor ecológico. Pero primero hay que aplicar las leyes que saquen a los ganaderos, agricultores, mineros y vendedores de madera. Todo eso se logrará si se crea una gran autoridad sobre el Amazonas ampliado, una suerte de parlamento amazónico que coordine las políticas de protección y para eso se necesita dinero y la ayuda de países desarrollados.

Colombia ha avanzado en este sentido. Entre el 15 de octubre y 12 de noviembre, el Tribunal de Bogotá citó a varias entidades para que presenten el plan para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró a la Amazonía sujeto de derechos, que debe tener herramientas para frenar la deforestación y enfrentar el cambio climático. Colombia va por buen camino, pero ahora solo falta enfrentar comunidades depredadoras ya instaladas.