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Es absolutamente legÍtima la protesta social, pero la estrategia de bloquear vías de acceso a productos, servicios y personas atenta contra las personas y destruye los mercados
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los soldados mantenían sus posiciones en el campo de batalla durante días, semanas o meses, sin poder avanzar ni huir de la penosa situación. A esta estrategia de enfrentamiento militar entre los ejércitos se le conoce como “guerra de trincheras o guerra de posiciones”. Las trincheras permitieron a los contendores construir frentes estables en territorios en disputa, la idea de los generales era controlar pueblos y ciudades para evitar que el enemigo tuviera acceso libre al ingreso de personas, suministros, productos y servicios. La causa y consecuencia era castigar poblaciones y destruir los mercados para garantizar dominación.
Colombia completa 25 días de caos derivado del vandalismo, alojado como un parásito en el legítimo derecho a la protesta consagrado en la Constitución. Las pérdidas económicas ya valen más que la reforma tributaria a la cual se opusieron en su momento; no solo las que deja la destrucción del inmobiliario urbano, las pérdidas de vidas, los heridos, el traumatismo en el comercio formal, sino la baja en el grado de inversión que alejará a los capitales, subirá las tasas locales, graduará los papeles oficiales como bonos basura y pasará la cuenta a las instituciones financieras en sus próximos reportes. La recuperación será una realidad en los próximos años porque Colombia tiene un sector productivo resiliente y cuenta con una nueva generación de emprendedores que se mueve por el progreso, desarrollo y bienestar. La economía recuperará la estabilidad de los últimos años con toda seguridad, pero esto es mejor que ocurra más pronto que tarde para evitar que nuevas generaciones de colombianos sigan viviendo en medio de la pobreza. La meta nacional debe ser que los 21 millones de colombianos que experimentan la pobreza y los 7 millones incluidos de la pobreza extrema, tengan una verdadera oportunidad para no seguir ahondando su penosa situación.
Para avanzar en ese objetivo prioritario para normalizar la situación, el Gobierno Nacional y las autoridades deben desbloquear las calles, las vías, las carreteras, las estaciones de transporte masivo y actuar con contundencia con todo el peso de la ley y la autoridad contra quienes quieren convertir los bloqueos en una guerra de trincheras o de posiciones que desestabilicen el país entero. El Gobierno Nacional, los alcaldes y gobernadores elegidos en democracia deben entender que los bloqueos no son un derecho y su permanencia en lugares y tiempos los convierten en trincheras, baluartes de defensa de territorios. Los empresarios, los comerciantes, los campesinos y grandes productores agropecuarios no pueden aceptar que los vándalos impongan su ley, cobren peajes y se adueñen de territorios. Claramente se busca destruir las redes de suministros para colapsar pueblos y ciudades. El primer herido en toda guerra es la economía, la banca, el comercio y el transporte. A esa situación es la que se está buscando llegar con los aparentes inocentes bloqueos. La mayoría de los colombianos no pueden seguir tolerando que unos pocos vándalos conviertan la ley legítima en la infraestructura nacional. La destrucción de empleo, la afectación del comercio, la alta variación de los precios por el acaparamiento o la especulación son delitos que deben castigarse, pero el Estado debe actuar.
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