Borrar con el codo lo que se hace con la mano

La socialización de la próxima reforma tributaria que empezó el Gobierno Nacional con los gremios y los partidos políticos sirve para reflexionar y medir las consecuencias de poner nuevos impuestos a ciertos segmentos de la población. No puede pasar desapercibida la idea del Ministerio de Hacienda de elevar el impuesto al patrimonio de 1% a 3% y hacer saltar un recaudo cercano a $1,5 billones a la cifra de $3 billones. No se puede borrar con el codo lo que se está haciendo bien con la mano.

¿Por qué se juzga la idea de subir el impuesto al patrimonio como una “emboscada tributaria”? El actual Gobierno Nacional se hizo elegir abanderado de la mano fuerte contra la insurgencia y la delincuencia, pero especialmente porque bajaría la alta tasa de impuestos que se cobra a los empresarios, una de las más onerosas no solo en la región, sino en la Ocde. Elaboró su primera reforma en 2018 y logró bajar algunos impuestos a las empresas, pero el beneficio no duró mucho tiempo porque cometió errores de forma y tuvo que hacer una segunda enmienda en 2019, que tampoco pudo ejecutar con suficiencia por la pandemia en 2020 y la crisis económica que esta situación ha derivado. El resultado es lamentable, pues se volvió a la misma situación de beneficios tributarios a las empresas de la anterior administración. Pero el duro término de “emboscada tributaria” tiene que ver más con el artículo de la llamada “normalización tributaria” de 2019, que le daba incentivos a las personas que trajeran sus capitales del exterior o los tenidos en el país para legalizarlos y recibir un tratamiento especial, de tal manera que se invirtieran, hicieran empresas, dinamizaran los emprendimientos, pagaran impuestos y generaran empleos. Eso se hizo con grandes resultados, pero a la vuelta de pocos meses dichos capitales serán castigados con más impuestos; desatando toda suerte de calificativos de inseguridad tributaria. Y si este impuesto al patrimonio de 3% sigue su curso sin medir las consecuencias para los empresarios e inversionistas, generará sin duda una diáspora inevitable para 2022.

Y se borra con el codo lo que se hace con la mano también porque eran muchos de esos capitales repatriados los que estaban generando empleo y permitían que más colombianos jóvenes fueran empleados formalmente; población sobre la cual caerá la ampliación de la base tributaria en casi millón y medio de personas, que tendrán como mínimo que declarar renta y algunos pagar impuestos si tienen ingresos superiores a los $30 millones anuales, lo que representa un ingreso de $2,5 millones mensuales. Si se pone la carga tributaria en el tenedor del capital, seguramente evaluará la rentabilidad local de su patrimonio, que como van las cosas y a tales tasas, puede evaporarse en dos o tres décadas. No es buena idea asfixiar a los inversionistas ni mucho menos a los colombianos que le apostaron a normalizar capital hace tan solo año y medio. Es un momento crucial para el Gobierno Nacional porque puede tener un triste cierre para con los empresarios, quienes han sido su mayor respaldo, muy a pesar de que las últimas decisiones con el sector productivo han sido torpes y carentes de olfato político, tal como fue mantenerlos por fuera de la importación de vacunas, que habría podido acelerar la reactivación económica y darle velocidad al plan de vacunación.