Con la SIC no se puede jugar ni manipular

La actual superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta, fue declarada por el Ministerio de Industria y Comercio, insubsistente en dicho cargo público, sin conocerse a fondo las razones que motivaron al Gobierno Nacional para tomar tal decisión, máxime cuando es una funcionaria de más de 30 años de servicios y quien trabajó con ocho superintendentes.

La abogada denunció en los medios de comunicación que su salida pudo ser consecuencia de decisiones o fallos que salieron de su dependencia como fueron la integración de Avianca con la extinta Viva Air o la apertura de la investigación a la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y 29 clubes por presunta cartelización en la liga profesional femenina.

Hasta que no se comprueben las verdaderas razones, el origen de su salida queda en un peligroso limbo que puede destruir los roles y funciones constitucionales de la SIC, una entidad que “es la autoridad nacional de protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal, protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales”.

Es una entidad respaldada plenamente por la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicos, Ocde, que al lado de la SuperSociedades y la SuperFinanciera, fueron destacadas para que no tuvieran nada que ver con el ciclo político.

“La Superintendencia es un ente adscrito con autonomía administrativa y presupuestal. Coordina el sistema nacional de evaluación de resultados y gestión con el fin de fortalecer la capacidad de manejo gerencial de la inversión pública. Implementa el sistema nacional de evaluación de gestión y resultados”.

El voltaje institucional que tiene esta entidad es enorme y no se puede dejar que la misma entidad que vela por el libre mercado y les asegura a los consumidores la libre competencia se cartelice en su interior.

Ha dicho la insubsistente funcionaria que existen muchos intereses de los exsuperintendentes al interior de la entidad, es decir, muchos cuentan con funcionarios propios, al tiempo que ejercen desde afuera litigios en los que fueron protagonistas.

Es cierto que existe una inhabilidad de solo 24 meses para ejercer el ejercicio del derecho vinculado a casos de la SIC, cuando se fue funcionario en la entidad, tiempo que puede ser poco para la relevancia y la trascendencia de muchos casos.

El otro lado del análisis tiene que ver con el peligro que supone funcionarios que manipulen la SIC para arremeter en contra de las empresas; la SIC tiene potestad de policía de incursionar, allanar o inspeccionar empresas, lo cual sin el debido respeto a las normas vigente, puede ser un arma letal contra el sector productivo.

Pretender utilizar la SIC para sancionar, acosar o montarles investigaciones a las empresas o a algunos sectores económicos, puede convertirse en la gota que llena la copa de la desintitucionalidad del país y la asfixia del tejido empresarial.

El problema en ciernes no se soluciona con una carta enviada a la opinión pública por exsuperintendentes, ni exministros, el miedo se desvanece nombrando personas probas que no solo desarrollen el cargo, sino que garanticen seguridad jurídica para el consumidor y las empresas que son vigiladas por las entidades de control del país. Un tema que no es menor.