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Ojalá los presidenciables hablen más claro sobre la informalidad laboral en el país, no solo porque se necesita que tengan seguridad social, sino que contribuyan al fisco nacional
Ser informal paga en Colombia y es muy rentable. Más de 45% de la población ocupada en las 23 ciudades y áreas metropolitanas “goza” de esta manera de ocuparse o tener trabajo, unos por deseo propio, otros por rentabilidad, porque es negocios y el resto por pura necesidad y sobrevivencia. Más de 5,2 millones de colombianos de los 11,3 millones de ocupados manifiestan ser informales, que en definición es no tener seguridad social, aportar a pensiones ni estar cubiertos en riesgos profesionales. Una buena parte de esas personas ven en la informalidad una manera más rentable de ganarse la vida, sin jefes ni horarios, pero expuestos a las mafias del espacio público, la inseguridad de las calles y a la incertidumbre del mañana. La variación, entre formales e informales en lo corrido del año, llegó a -2,5 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que frente al mismo mes de 2021 las proporciones en esta materia fueron de 47%. Trabajar de manera informal o desarrollar empleos informales tiene consecuencias en el largo plazo para las personas, puede ser una manera de “ganarse la vida” en un lapso preciso o por un momento de infortunios, pero no es lo más adecuado para asegurar el futuro individual y de las familias.
La informalidad laboral afecta el crecimiento económico, la productividad, el bienestar social, la bancarización y no ayuda a la recaudación tributaria, todos factores nocivos para el desarrollo de la economía, disminuir la precariedad, pero más aún en lo personal e individual es nefasto porque condena a los informales a la pobreza, a vivir bajo un engaño de satisfacer sus necesidades del día a día, sin mucha expectativa de mejorar sus condiciones. La pregunta clave es cuál es la dosis mínima de informalidad en una economía emergente como la colombiana, una cifra sobre la cual no hay mucho estudio econométrico; lo más seguro es que no debe ser casi la mitad de las personas ocupadas, 45% es una cifra alta para las necesidades de las personas, 5,2 millones de personas no es una buena cifra para nadie.
Un trabajo fijo, con todas las garantías, cajas de compensación, bancarización, vacaciones y jubilación, no tiene competencia, así las mieles de la informalidad puedan seducir por los montos de dinero recibidos.
Muchos de esos cinco millones de colombianos informales han tenido una oportunidad laboral formal, con todos los beneficios de ley, pero rechazan la oferta por el salario, las jornadas o la formación laboral. No se pueden satanizar a todos los trabajadores informales, pero una buena parte de su actividad está capturada por mafias urbanas, algunos son tapaderos de microtráfico, de robos y contrabando. La informalidad en el sector rural o semi urbano es peor aún porque hace parte de una cadena que no paga impuestos; por ejemplo, un vaquero o un jornalero que es abusado por un empresario también informal que no contribuye al fisco nacional.
En las ciudades, algunos son competencia desleal del comercio formal; los que venden textiles o comida fuera de almacenes y restaurantes ocupan el espacio público y generan sensación de inseguridad. Todo un reto que no se evapora en cuatro años, pero que ha sido ausente en las propuestas de los candidatos presidenciales, pues no hay una propuesta maestra para bajar la informalidad a porcentajes apropiados que no afecten la economía.
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