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Los costos ocultos que familias y empresas pagan por energía deben ser más transparentes y los generadores más conscientes de que bajar la inflación es tarea de todos
Como pocas veces desde el racionamiento de los años 90, el sector eléctrico colombiano está entre ojos, no solo por los elevados costos que siguen pagando los usuarios por la energía, sino por la consecuente intervención del Gobierno Nacional a las tareas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
El recibo de los servicios públicos, los alimentos y el transporte se ha convertido en los auténticos jinetes del Apocalipsis que experimentan las familias en términos de inflación. El Presidente le ha salido al paso al problema y ha dicho que “tenemos un artículo en el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque, que nos permite asumir las funciones de la Creg y lo vamos a usar (...) Estos entes son para regular los mercados en función del deber universal, no para firmar los procesos de especulación financiera como hasta ahora han realizado”.
Acusaciones muy graves máxime cuando vienen del primer mandatario, que puede ser inferior a la expectativa lanzada a los consumidores. Hace poco, el mismo Ministerio de Minas había lanzado una suerte de “Pacto de Justicia Tarifaria”, que no terminó en nada y el precio del kilovatio por hora sigue subiendo ad portas de los $800, cifra que desangraría las cuentas familiares que no dominan el componente real de la formación del precio que pagan por la energía.
Las empresas que producen energía, llamadas generadoras, en otras palabras “muelen agua”, se han beneficiado de casi 30 meses de lluvias constantes, la materia prima para su trabajo en el mercado, pero esa buena situación no se ve reflejada en las tarifas de energía que siguen subiendo sin mayores explicaciones. Las actuales autoridades energéticas deben repasar cómo se benefician las compañías generadoras y cómo funciona sus estructura de precios; y en medio de ese trabajo encontrarán que existe una variable llamada “cargo por confiabilidad” que pagan todos los consumidores de energía en la factura mensual.
En la última década el monto de ese cargo casi llega a $40 billones, cifra similar a dos reformas tributaria que bien debe pedir las cuentas de las inversiones. ¿Cómo se recauda esa cifra? Las llamadas comercializadoras entregan el recibo a los usuarios con un cargo de generación; el dinero le entra en forma de pago de contratos de energía a la empresa XM que administra la bolsa, que al final distribuye a los generadores; los más importantes son Isagen, EPM, Enel, Celsia y Gecelca, entre otros.
La última década EPM ha recibido por cargo de confiabilidad $7,7 billones, Enel $7,1, Gecelca $5,6 e Isagen $5,5 billones. El sistema de remuneración de los generadores, inventado en 2006 por la Creg, ha entrado en perfecta obsolescencia porque se traduce en inflación en medio del Fenómeno de La Niña, abundantes lluvias; no hay razón para remunerar a los generadores para que estos aseguren que el sistema eléctrico cuente con la capacidad suficiente para atender la creciente demanda.
Es cierto que el cambio climático empatará fenómenos de La Niña con El Niño y que lo más probable es que de la noticia de embalses por encima de 85% de capacidad se pase al penoso recuerdo de embalses por debajo de la mitad de agua. Nuevamente, la lección es la misma, qué hicieron las empresas generadores para ahorrar agua, guardarla u optimizar su producción durante los pasados 30 meses, son cuestionamientos que deben hacerse para ser más constructivas y transparentes.
Para desvanecer el reino de la incertidumbre se necesitan acciones concretas, con foco y objetivos precisos, 2025 debe ser un tiempo de hacer, ejecutar, quejarse menos y garantizar resultados