De inversiones forzosas y ley de financiamiento

El Gobierno Nacional tiene dos problemas enormes que resolver: el primero es la financiación del prepuesto general de la Nación para 2025, y el otro, el imperativo de reactivar la economía. Para el primer asunto tiene pensado radicar, antes de octubre próximo, un proyecto de ley de financiamiento, que no es una cosa distinta, que otra reforma tributaria. Mientras que para empujar el crecimiento ha hablado de obligar al sistema financiero a realizar inversiones forzosas, nada distinto que obligar a poner dinero en sectores que el gobierno decida y a las tasas que imponga. Aplica para la actual situación financiera del Gobierno el viejo adagio popular que reza “un remedio peor que la enfermedad”.

En medio de algunos de los peores escándalos de corrupción en los que funcionarios se roban millonarios recursos públicos y del peor nivel de ejecución presupuestal, no se puede hablar de una nueva reforma tributaria, máxime cuando la administración central no ha hecho ningún esfuerzo de recorte en el gasto público, con un déficit que se antoja récord en los últimos años.

No está dado el ambiente político para que el Ministerio de Hacienda radique en la comisión económica de la Cámara de Representantes otra cascada de impuestos, pues aún no se ha descontado el impacto de la primera reforma tributaria del 7 de agosto de 2022, que ha golpeado el ánimo de inversión y ha drenado las utilidades de los empresarios.

Esa primera reforma tributaria de este Gobierno era necesaria, pues las arcas nacionales se habían golpeado por la pandemia y la administración de turno tuvo que endeudarse para cumplir los compromisos sanitarios, pero una nueva reforma sin más justificación de motivos que la mala ejecución y el desgreño en la corrupción es totalmente impresentable para el mismo Congreso que no ha dado muestras de hacer un buen control político al manejo de la economía.

La ley de financiamiento, tal como se la ha denominado, no atiende la realidad administrativa del Ejecutivo ni se basa en la situación de bajo crecimiento de la actividad empresarial. Hay desgreño con el dinero público y las empresas están signadas por la incertidumbre, de tal manera que no existe posibilidad de que sean unos nuevos impuestos acordados. Y si por el lado de la financiación del presupuesto no hay clima para sacar el debate adelante ante la opinión pública y el mismo Congreso, menos aún con el plan de reactivación económica basado en obligar a los bancos a usar parte del dinero guardado a los ahorradores -que le da solidez al sistema- para prestarlo subsidiado a tasas impuestas por el Ejecutivo para sectores estratégicos.

Siempre ha habido inversiones forzosas destinadas a las exportaciones, el agro o la construcción, pero nunca a otros sectores y menos como una política de Estado. El Gobierno, a través de su banca de desarrollo y su banca social, ha sido tremendamente ineficiente y no puede meter a todo el sistema financiero en una espiral de cifras rojas que pueden llevar al lastre a la economía; olvida que casi la mitad de los bancos que operan en el país está en rojo y que las utilidades de los bancos más rentables se han disminuido.

Es toda una paradoja la que experimenta el Gobierno: sin plata para reactivar la economía, sin dinero para el presupuesto, pero con el sector extractivo parado por ideología.