El conteo regresivo de la tributaria

Como muy pocas veces en la historia económica reciente del país, la cantada próxima reforma tributaria no había tenido tal cantidad de padrinos, ni habían sido tan abundantes las argumentaciones técnicas y las exposiciones de motivos sobre su necesidad de aumentar el monto de impuestos, en un país de muy baja tributación donde el lobby de los gremios económicos y los intereses particulares, siempre terminan ganándole al fisco nacional el pulso de los montos impositivos. Asistimos desde hace una semana a una serie de reuniones cerradas en donde se empieza a armar una suerte de árbol de Navidad o colcha de retazos para que las comisiones económicas del Congreso de la República terminen por dar a luz un trabajo armado a medias.

El Ministerio de Hacienda en cabeza de Mauricio Cárdenas Santamaría ha ido entregando gota a gota algunas pistas de lo que será el articulado. Dos de esos puntos salieron en plena campaña presidencial cuando ambos candidatos con opciones a ocupar la Casa de Nariño coincidieron en que el impuesto al 4x1.000 y al patrimonio debían aumentarse en el tiempo. Eso le facilitó la tarea, pues el 4x1.000 es un tributo rechazado no solo por los banqueros sino también por los cuentahabientes, pero es de fácil recaudo y no se iba a desperdiciar el calor electoral que le dio su bendición.

Se abre paso el impuesto a los dividendos, tal como se ha venido imponiendo en algunos países de la Región, así como la ampliación de la base tributaria y la eterna disputa por la exenciones de que gozan muchas empresas, organizaciones y fundaciones. También queda sobre el panel de discusión el parafiscal destinado a la compensación que ha pasado tranquilo de tributaria en tributaria. Lo cierto es que hay mucho avanzado en la discusión y en la necesidad de buscar optimizar recursos, luchar contra la evasión, controlar la creciente elusión y, sobre todo, generar consciencia de que los tiempos del posconflicto son días de creciente inversión social.

Queda en el tintero la discusión sobre la privatización de Isagen y la venta del tramo aprobado para la enajenación de Ecopetrol, dos fuentes de ingresos valiosos que no deben ser descartados para la financiación de las obras de infraestructura que el país necesita para subir en la escalera de la competitividad. Se busca una desfinanciación de unos $20 billones que todavía no aparecen y que deben ser encontrados para consolidar la inversión social con que el Gobierno Nacional se ha comprometido. Ojalá este articulado que se está afinando por estos días también considere el ajuste de las cosas que no funcionaron muy bien en la última reforma tributaria y que han hecho muy engorroso el pago tributario. Llegó la hora de la verdad.