El curioso caso de los menonitas en la Fiscalía

En un juzgado de Puerto Gaitán, en el Meta, la Fiscalía General de la Nación decidió imputarles cargos a los líderes de la comunidad menonita por aprovechamiento de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales e invasión de área de especial importancia ecológica.

Esa laboriosa comunidad menonita produce 200.000 toneladas de grano de maíz seco y unas 100.000 toneladas de soya en unas 15.000 hectáreas. Su productiva labor agropecuaria es ejemplo en el país y se ha convertido en un auténtico experimento social de cómo deben progresar los colectivos agrarios colombianos; son un verdadero ejemplo de trabajo rural en comunidad, que no tiene igual en Colombia.

Todo comenzó en 2016, cuando un puñado de pioneros del grupo religioso, famoso en el mundo por su actividad rural, compró en la vereda La Cristalina de ese municipio en el Meta grandes extensiones inexplotadas para instalarse con unas 200 familias llegadas de México y Canadá.

En poco tiempo, no solo transformaron las tierras legalmente adquiridas, sino que empezaron a producir el volumen de cereales que tras décadas de habladurías nadie ha podido lograr; ni el municipio de Puerto Gaitán, ni la Gobernación del departamento, ni el mismo Ministerio de Agricultura han conseguido en su larga historia ese nivel de productividad y de aporte a la economía nacional.

Pagan en impuestos más de $15.000 millones, pero cuando las cosas funcionan, siempre atraen detractores gratuitos, enemigos cargados de envidia, politiqueros de oficio y vecinos finqueros improductivos, que por animadversión y nacionalismo dañino, les han empujado a los estrados judiciales para aburrirlos, quitarles las tierras que compraron legalmente y las hicieron producir con tecnología de punta y mucho trabajo, amparándose en amaños ambientalistas que carecen de todo sentido técnico y que pueden frustrar un gran experimento.

Si la Fiscalía General de la Nación, las corporaciones autónomas, las secretarías ambientales y el mismo Ministerio de Ambiente, de verdad cumplieran con su trabajo de hacer valer las leyes que protegen los recursos naturales, ríos, selvas y montañas, en todos los rincones del país, las cárceles estarían llenas, pues los parques nacionales han sido invadidos por colonos que destruyen ríos, bosques, predios de todos los colombianos; los resguardos indígenas no son productivos ni tienen planes ambientales o sostenibles, y lo que es peor, más de 300.000 hectáreas están cultivadas de coca, marihuana y amapola, siembras ilícitas que sí tienen capacidad de compra de los jueces y politiqueros municipales, pero ante esa cruda realidad de destrucción nadie hace nada, solo van en un experimento agrario legal que seguramente tiene todo en regla.

Es inaudito que la Fiscalía les impute cargos a los integrantes de la comunidad menonita por deforestación y daño ambiental, cuando tienen los papeles y licencias en regla.

El sector agrario sigue siendo una quimera y las políticas del agro miopes al enfocarse en las importaciones, no en producir; es inconcebible que la inmensa mayoría del maíz, soya y sorgo que se consume en el mercado local, tenga que importarse de otros países, teniendo la tierra, los climas, el agua y la luz solar requeridos para ser exitosos en su producción. Los menonitas son un caso de éxito que se puede multiplicar para ser autosuficientes en varios de los productos de la seguridad alimentaria.