El desarrollo del agro y otros oxímoron

El futuro del sector agropecuario es inversamente proporcional a la protección del ambiente. En la medida que los ganados y los cultivos crezcan y se multipliquen, la frontera agropecuaria se extenderá y las franjas verdes, los pulmones de los grandes centros urbanos, más las fábricas de agua en los páramos, irán desapareciendo.

Es todo un oxímoron hablar de explotaciones agropecuarias, una mezcla de conceptos en una misma estructura, o expresiones opuestas que al final originan un nuevo sentido. Hasta hoy (con pocas excepciones) el desarrollo del agro en Colombia obedece a explotaciones ambientales dañinas que ponen en jaque los abastecimientos de agua y la necesaria conservación de bosques, selvas tropicales y parques nacionales protegidos. Solo algunos pocos cultivos tecnificados y cooperativos han logrado brillar demostrando productividad y cuidados ambientales, además de respeto por sus entornos.

Este gobierno pasará a la historia por ser el primero en tener una agenda real de protección al medio ambiente llevando a nivel de delito grave la deforestación, una iniciativa que antes se hubiese pensado imposible, pues los mayores deforestadores son los explotadores agropecuarios inescrupulosos e irresponsables que no han salido del siglo XX en productividad y aún tienen producciones extensivas de ganado, cultivos de papa, cebolla y hortalizas en zonas de páramos y algunos tipos de palma en selvas tropicales. Es todo un gran paso que Colombia haya aprobado una nueva ley que endurecerá las penas a las personas que incurran en deforestación, tráfico de fauna, invasión de áreas de relevancia ecológica y apropiación ilegal de baldíos.

Se trata de la Ley de Delitos Ambientales, normativa que entró a regir y que le pondrá coto a una práctica irresponsable amparada en supuestas “explotaciones agropecuarias”. Las personas que en adelante incurran en cualquiera de estos delitos podrán enfrentar hasta 15 años de prisión, iniciativa que pone al país como un verdadero defensor ambiental.

Ahora el reto no es menor y la institucionalidad debe darle a las corporaciones autónomas regionales las herramientas presupuestales y legales para que protejan el ambiente y la propiedad privada. El país ha entrado en una peligrosa fase o espiral de desinstitucionalización en la que las invasiones de terrenos privados protegidos, baldíos y parques naturales se han convertido en hábito; invasiones acompañadas de destrucción ambiental por tala de bosques, contaminación de cañadas y violencia contra propietarios y trabajadores. Colombia aún es un país rico en biodiversidad y naturaleza privilegiada y esta nueva ley contribuirá como ninguna a proteger los recursos y las personas y empresas que explotan de manera sostenible el agro. Entre las prácticas ilegales que más daño hacen al ecosistema están la caza y pesca ilegal, contaminación ambiental y el aprovechamiento ilícito de los recursos renovables; estos delitos ya existen en el Código Penal, pero ahora tendrán mayores penas.

Un capítulo aparte es que los narcotraficantes y los mineros ilegales son los más interesados en que la ruralidad colombiana no tenga Dios ni Ley para poder destruir sin mayores consecuencias. Ojalá la ley no se quede en anaqueles.