El eterno déjà vu de la política colombiana

Colombia es un país signado por el narcotráfico desde finales de los años 80, cuando la bonanza marimbera, hasta nuestros días en los que pululan grandes, pequeños y medianos carteles que tienen el control desde los cultivos de coca hasta las enormes y sofisticadas exportaciones de cocaína, e incluso la distribución en grandes capitales del mundo.

Esa actividad ilícita ha impregnado todo el ejercicio económico del país, representando unos tres o cuatro puntos del PIB, y por supuesto, la política es el gran objeto del deseo por el grado de influencia que tiene y porque desde los concejos municipales, alcaldías, asambleas, gobernaciones, Senado, Cámara y la Presidencia de la República, pueden lavar el dinero sucio, debilitar las autoridades de vigilancia y control, y hacer la nueva diplomacia del narcotráfico que hoy se ve en todo el mundo.

No se puede desconocer que el episodio por el que atraviesa el Gobierno Nacional y su campaña a la presidencia de Gustavo Petro, es una suerte de déjà vu, una terrible película de miedo que destruye la democracia y sume a Colombia en el desengaño generado por sus gobernantes.

Dineros de los narcos, de la corrupción, mal habidos, de oscuros contratistas con municipios, gobernaciones y del Estado en general, son una constante que nadie quiere solucionar, porque son los mismos políticos corruptos quienes usan esos dineros, los cubren, lavan, manipulan para controlar los organismos de control, al tiempo que los usan en la vendetta que se ha convertido la política colombiana.

El episodio que hoy afecta al Presidente es muy parecido al que enfrentó Ernesto Samper en 1994, pero con la diferencia que la Colombia de 2023 es muy distinta a la de esa época sin internet, redes sociales o celulares; de allí, a que el desenlace puede ser muy distinto si se llega a comprobar plenamente los usos indebidos de dineros ilícitos en la campaña a la Presidencia.

Puede ser manido decir que ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias por el bien de la democracia, pero es una necesidad por el bienestar de todos los colombianos. Hoy, las condiciones sociales del país son otras y quizá este episodio tenga un lado bueno a manera de metástasis que hay que sanar, máxime cuando se avecinan las elecciones regionales a las alcaldías y gobernaciones, concejos y asambleas. El último domingo del próximo octubre debe haber un voto limpio que derrote las estructuras mafiosas enquistada en los 1.102 municipios y los 32 departamentos.

Todo está en manos de la justicia encargada de definir el futuro de los implicados, ojalá opere, llegue con prontitud y que sirva esta oportunidad para avanzar en la verdadera limpieza nacional de las lacras que genera la corrupción y el narcotráfico; aún quedan en el país amplias mayorías limpias, honestas, trabajadoras y legales, que no merecen que una minoría sucia y corrupta siembre de tragedias el camino al bienestar y al desarrollo.

En esta mala hora que atraviesa la política colombiana puede haber una gran oportunidad de refundar muchas estructuras, un obstáculo en el camino al desarrollo que puede usarse como lanzadera para un mañana mejor; puede suceder que la situación genere incertidumbre, tristeza y desolación, pero debe entenderse mejor como algo necesario que tenía que suceder y que el episodio sirva para refrendar la vieja idea de que delinquir no paga y que siempre los malos actos se pagan.