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La tributaria mantiene en 35% el impuesto de renta para las empresas, pero limita los beneficios y estímulos, que no podrían exceder de 3% anual de la renta líquida ordinaria
Hay un hecho ineludible en materia de impuestos: el grueso de la tributación en Colombia proviene de las empresas como personas jurídicas y el otro gran pedazo lo pagan los empresarios como personas naturales a través de la renta, y desde hace un tiempo, suman más con el impuesto al patrimonio. Las cifras no mienten y por ende se debe coger con pinzas la decisión del nuevo Gobierno Nacional de mantener en 35% la tarifa del impuesto de renta para todo tipo de compañías, pero crear un límite a los beneficios y estímulos tributarios, los cuales no podrían exceder de 3% anual de la renta líquida ordinaria de los contribuyentes.
Un claro golpe al estímulo del sector productivo en un momento económico que todos los países quieren apostarle a la reactivación, a mantener las tasas de crecimiento pospandemia y a generar más y nuevos empleos formales; todo un círculo vicioso que estimula el pago de impuestos directos e indirectos. La tributaria de Petro elimina el descuento del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, ICA, frente al impuesto de renta, y retorna al modelo anterior en donde el pago del ICA es deducible del impuesto de renta, como cualquier otro costo de producción.
En lo que tiene que ver con las instituciones financieras, se mantiene la sobretasa de 3%, es decir que los bancos no tributan 35%, sino 38%: 35% por renta y 3% de la sobretasa. La otra medida propuesta al Congreso de la República es que se mantiene la tarifa de las zonas francas de 20%, pero se le pone un requisito mínimo de exportación a los usuarios industriales de bienes y servicios y en caso de cumplirlo, tendrían que tributar a la tarifa de 35%. Además, se eliminan las zonas francas uniempresariales desde 2023.
Si se suman todas y cada una de las ideas tributarias que afectan las empresas se puede afirmar que lesiona gravemente la motivación, desincentiva o va en contravía de lo que realmente necesita Colombia y que se promovió durante la campaña presidencial: reindustrializar al país. Si las cargas tributarias se hacen tan pesadas, ¿quién va a encargarse de reindustrializar? Aún hay muchas preguntas sueltas en el ambiente político y económico que nadie se atreve a contestar, menos los ministros y altos funcionarios recién elegidos, pues su mantra por ahora es serles fieles a las propuestas de campaña de que este es un nuevo país, que todo está por cambiarse, pero se olvidan que hasta lo nuevo debe partir de lo viejo para progresar, una suerte de construir sobre lo construido.
Quizá también sea el momento oportuno para recordarle al nuevo Gobierno que gobierna para todo el país y que eso involucra o cubre a las empresas, sus empresarios e inversionistas que generan empleo y cargan con el peso del grueso de la tributación. La discusión de la reforma tributaria que se avecina debe dar luces de cómo reducir las brechas entre los diferentes sectores productivos, en igualar las asimetrías y rebajar distancias entre sectores, que tienen tarifas efectivas de tributación distantes, como es el caso de la minería, la más alta, y los servicios, la más baja.
Eliminar 18% de los beneficios tributarios “asimétricos sectoriales y/o regionales”, puede ser un camino, pero la otra parte se perjudica y lesiona el empleo y la tributación. Hay inequidad horizontal entre sectores productivos, pero también eso ha permitido el crecimiento de algunos en particular que se consolidan con esos beneficios.
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